La designación de Whodin Caracila genera rechazo político por su perfil sindical y no sanitario, mientras se exige transparencia, cumplimiento de la normativa vigente y respeto a criterios técnicos en salud pública.

La llegada de Whodin Gabriel Caracila a la presidencia del directorio de la Caja Nacional de Salud (CNS) provocó una cadena de observaciones desde distintos frentes políticos, que coinciden en señalar debilidades en los criterios de selección para un cargo altamente sensible.
El nombramiento, oficializado por el Ministerio de Salud tras acuerdos sectoriales, coloca a un dirigente con trayectoria sindical minera en una institución que administra servicios médicos a miles de asegurados. Caracila ejerció funciones en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y participó activamente en protestas contra el decreto 5503, al que calificó públicamente como “maldito y lapidario”.
Desde filas oficialistas, el senador Wilder Veliz expresó su incomodidad con la decisión. “Ojalá nuestro presidente recapacite y les dé un jalón de oreja a sus ministros para que realmente reconduzcan sus actos y designen a personas idóneas”, afirmó, en alusión a compromisos previos de priorizar perfiles técnicos.
En la oposición, la diputada Julieta Jiménez sostuvo una crítica directa al perfil del nuevo titular. “Necesitamos meritocracia, los médicos tienen que estar ahí. No puede ser que un minero vea temas de salud”, señaló. Además, anunció la elaboración de una propuesta legislativa para impedir que representantes de sectores no vinculados al ámbito sanitario accedan a este tipo de cargos. “El prebendalismo ya ha acabado”, remarcó.
El diputado Mauricio Taboada también cuestionó la decisión, aunque optó por una postura más cauta. “Un médico debería estar a cargo y a la cabeza. Sin embargo, confiamos y esperemos que haga bien su trabajo”, declaró.
Registros de la Contraloría General del Estado indican que Caracila figura como funcionario de la CNS desde el 18 de marzo, con bienes declarados que alcanzan los Bs 175.000. La normativa vigente establece que la designación debe realizarse mediante Resolución Suprema dentro de una estructura tripartita, lo que mantiene abierto el análisis sobre la aplicación de estos criterios en el caso.