Organizaciones sociales, comités de solidaridad y referentes políticos de América Latina cuestionan la medida del Gobierno boliviano y recuerdan que el reconocimiento a la República Saharaui es un acto soberano vigente.

La suspensión de relaciones diplomáticas entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) activó una cadena de pronunciamientos en América Latina y el Caribe. Más de un centenar de firmas —entre asociaciones civiles, plataformas de solidaridad, dirigentes sociales y académicos— difundieron una declaración conjunta en la que rechazan la determinación oficial y piden su revisión inmediata.
El texto recuerda que Bolivia reconoció a la RASD en 1982, durante el gobierno de Hernán Siles Suazo, tras el retorno a la democracia. Años después, bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora, se formalizaron las relaciones diplomáticas. “Ese reconocimiento constituye una decisión soberana del Estado boliviano que no desaparece por un cambio de orientación política”, señala el pronunciamiento que circula en redes y medios regionales.
Las organizaciones sostienen que la interrupción de vínculos contradice principios establecidos en la Constitución boliviana y compromisos asumidos en el plano internacional. “Se trata de un retroceso en la defensa del derecho de los pueblos a su autodeterminación”, afirma el documento, que también cita la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 1514 (XV) sobre descolonización.
Desde la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PLACSO) se informó que se iniciará una agenda de acciones públicas. “No es un asunto bilateral menor. Hablamos de un proceso de descolonización pendiente reconocido por la comunidad internacional”, indica la declaración difundida por esa instancia.
El expresidente Evo Morales expresó su rechazo en un mensaje público. “Suspender relaciones con la República Saharaui contradice nuestra tradición anticolonial y el espíritu de la Constitución”, manifestó. También cuestionó que se argumente una supuesta ruptura previa con Marruecos: “Eso no ocurrió”, afirmó.
Las entidades firmantes advierten que la medida puede interpretarse como un respaldo político a la ocupación ejercida por el Reino de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental. “Avalar la imposición por la fuerza vulnera normas esenciales del derecho internacional”, sostiene el documento colectivo.
Mientras continúan sumándose adhesiones, las organizaciones reiteran que la histórica posición boliviana frente al pueblo saharaui fue construida durante décadas y que cualquier modificación debería respetar los compromisos asumidos por el Estado ante la comunidad internacional.