La medida cautelar fue determinada por una autoridad jurisdiccional tras evaluar indicios presentados por la Fiscalía antidroga, mientras la defensa cuestiona la legalidad de la aprehensión y la vinculación probatoria.

La situación jurídica del juez Hebert Zeballos dio un giro relevante luego de que un juzgado cautelar ordenara su reclusión preventiva por 120 días en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. La resolución se emitió dentro de una investigación por presuntos delitos vinculados a sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, de acuerdo con información oficial difundida por el Ministerio Público.

El proceso se originó tras un operativo ejecutado el 20 de enero en instalaciones de la empresa de seguridad Ebose S.R.L., donde fiscales y policías realizaron un allanamiento autorizado judicialmente. En uno de los galpones intervenidos, que según registros de propiedad figura a nombre de Zeballos, los investigadores reportaron el hallazgo de aproximadamente 80 kilos de marihuana en distintas presentaciones, además de armas de fuego y otros elementos que ahora forman parte de la cadena de custodia.

Durante la audiencia cautelar, la representación fiscal solicitó inicialmente una detención preventiva de 180 días, argumentando riesgos procesales y la necesidad de profundizar actos investigativos pendientes. Entre los fundamentos expuestos se mencionaron pericias en curso, análisis de documentación incautada y la verificación de posibles vínculos entre el inmueble intervenido y las actividades ilícitas investigadas.

La defensa del juez, encabezada por el abogado Diego Coímbra, sostuvo ante la autoridad jurisdiccional que la aprehensión fue irregular y que no existen pruebas directas que demuestren participación de su cliente en el presunto tráfico. También señaló presuntas vulneraciones a garantías constitucionales, aspectos que —según indicó— serán objeto de recursos legales en instancias superiores.