Contratos iniciales fijaban premios elevados por barril en Arica y Pocitos; tras la difusión del caso por Red DTV y una investigación fiscal, los montos fueron reducidos en millones de dólares.

La estructura de compra de crudo de YPFB quedó nuevamente cuestionada tras la difusión de una segunda revisión de documentos que muestran cambios sustanciales en los valores pagados por concepto de “premio” por barril, luego de la denuncia pública realizada por la Red DTV.

El director del medio, Junior Arias Paravicini, volvió a exhibir contratos y adendas en su programa Detrás de la Verdad, donde sostuvo que los montos inicialmente pactados superaban ampliamente referencias de mercado y que fueron modificados solo después de la presión mediática y la intervención del Ministerio Público.

“En un millón de barriles, se estaban robando más de 5 millones de dólares”, afirmó Arias, al explicar el impacto económico de los valores consignados en los contratos originales.

Según la documentación presentada, uno de los contratos contemplaba el pago de un premio de 22,18 dólares por barril para operaciones con entrega en Arica. Ese valor fue posteriormente reducido a 18 dólares mediante una adenda firmada el 23 de marzo. La diferencia, aplicada al volumen comprometido, representa varios millones de dólares que dejaron de ser desembolsados tras la modificación.

El mismo patrón se repite en el caso de Pocitos, donde el contrato inicial fijaba un premio de 20,88 dólares por barril. Luego de la revisión, el monto fue rebajado a 8,90 dólares, una cifra que, según lo expuesto en el reportaje, se aproxima a ofertas previamente disponibles en el mercado.

“Se denunció que Botrading vendía en Pocitos a 9.10 el premio, no el precio del barril, el premio”, remarcó Arias, insistiendo en la necesidad de diferenciar ambos componentes en la estructura de costos.

La suma de los ajustes en ambos contratos alcanza un monto estimado de 5.259.000 dólares. Para la Red DTV, esta variación no responde a factores técnicos sobrevenidos, sino a una corrección forzada tras la visibilización del caso.

“Se les cayó el negocio a los señores de YPFB”, declaró el periodista, quien además vinculó los cambios contractuales con la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

En la misma línea, Arias aseguró que la reducción de los valores confirma que existía margen para negociar condiciones más favorables desde el inicio. “Ahora le van a pagar 8 dólares con 90 centavos”, señaló al referirse al nuevo esquema aplicado en Pocitos.

Los documentos difundidos incluyen informes internos fechados en enero, donde se detallan las condiciones originales de contratación, así como la adenda firmada en marzo que deja sin efecto los valores iniciales. La cercanía entre la denuncia pública y la modificación contractual es uno de los elementos que refuerza la sospecha planteada en el reportaje.

Otro aspecto mencionado en la investigación es la contratación de consultores vinculados al proceso, con pagos que alcanzarían los 50.000 dólares. Según Arias, este tipo de erogaciones forma parte del mismo esquema que permitió sostener los valores inicialmente pactados.

“Se contrata a varios entendidos en la materia, se les paga 50.000 dólares”, afirmó durante la emisión, sin detallar identidades, pero señalando que los montos guardan relación con el volumen económico observado en las diferencias de precios.

La Red DTV también denunció intentos de frenar la difusión del contenido, señalando que la publicación de estos datos afecta intereses económicos relevantes. “Nos quieren silenciar, pero no lo van a lograr”, sostuvo Arias, al indicar que el material continúa siendo replicado en distintas plataformas.

La firma de la adenda ocurrió días antes de la salida del entonces titular de YPFB, Yusser Akli, en un escenario marcado por la intervención del Ministerio Público. La investigación sigue en curso y deberá determinar si existieron responsabilidades en la fijación de los valores iniciales.

Mientras tanto, los documentos revelados colocan bajo observación el proceso de contratación y los criterios utilizados para definir el “premio” en la compra de crudo, un componente que, según la denuncia, permitió inflar costos antes de ser corregido.