Las antenas Starlink conectarán unidades educativas fiscales durante 24 meses sin costo de servicio. Desde el tercer año, las alcaldías deberán pagar el consumo y mantenimiento, mientras la capacidad de conexión dependerá de la cantidad de usuarios simultáneos.
El Gobierno de Rodrigo Paz anunció la instalación de 4.700 antenas de internet satelital Starlink en unidades educativas fiscales del país, pero el programa Aula Conectada contempla una condición que compromete las finanzas municipales a mediano plazo: la gratuidad del servicio durará solamente 24 meses y, cumplido ese periodo, serán los gobiernos municipales los responsables de pagar el consumo de internet y el mantenimiento de los equipos.
La disposición fue comunicada por el Ministerio de Educación en agosto, cuando coordinó con autoridades municipales la instalación de las primeras antenas. Entre los compromisos asumidos por las alcaldías figuran la custodia de los equipos, su utilización exclusivamente educativa y la cobertura de los gastos de funcionamiento una vez concluidos los dos primeros años.
El anuncio deja una pregunta económica sin respuesta: ¿quién garantizará que las escuelas continúen conectadas cuando termine el periodo gratuito? Aunque el Gobierno presenta el proyecto como una herramienta para reducir la brecha digital, la continuidad del servicio dependerá de que las alcaldías dispongan de recursos para asumir una obligación recurrente.
El 20 de octubre, Paz firmó convenios con alcaldes de 85 municipios de La Paz para avanzar en la implementación del programa. La iniciativa prevé alcanzar alrededor de 4.700 establecimientos educativos, con prioridad para las zonas rurales, donde la conexión mediante infraestructura convencional resulta más difícil.
Sin embargo, la información oficial consultada no detalla el costo total de la operación, el precio mensual negociado por cada conexión ni cuánto dinero destinará el nivel central del Estado a financiar el servicio durante los primeros 24 meses. Tampoco se publicó un cálculo consolidado de cuánto deberán desembolsar las alcaldías cuando termine la gratuidad.
La ausencia de esos datos impide establecer el costo real del proyecto para las finanzas públicas y conocer si los municipios más pequeños podrán sostener las conexiones sin afectar otras obligaciones presupuestarias. Instalar una antena es solamente una parte de la inversión: mantenerla operativa exige pagar el servicio, atender posibles fallas y garantizar las condiciones técnicas necesarias.
A la discusión económica se suma otra limitación: la capacidad de conexión. En condiciones favorables, un router Starlink de tercera generación admite hasta 235 dispositivos conectados, una cifra que permite tomar como referencia un máximo aproximado de 200 equipos para dimensionar el alcance potencial de una instalación escolar. Sin embargo, la cantidad de dispositivos que pueden conectarse no equivale al número de usuarios que recibirán internet de buena calidad al mismo tiempo.
El rendimiento real depende del ancho de banda disponible, la congestión de la conexión, la ubicación de la antena y las actividades que realicen los usuarios. No es lo mismo que 200 estudiantes utilicen plataformas educativas y mensajería que participen simultáneamente en videoclases, reproduzcan videos o descarguen archivos. Por ello, no se puede garantizar que una sola antena proporcione una conexión fluida a 200 dispositivos en todo momento.
La responsabilidad municipal no se limitará a recibir los equipos. De acuerdo con los compromisos difundidos por el Ministerio de Educación, las alcaldías también deberán garantizar su uso educativo y asumir posteriormente los gastos de conectividad y mantenimiento. El nivel central coordina la iniciativa y la capacitación docente, mientras Entel participa en la instalación mediante sus brigadas técnicas.
En los hechos, el programa no garantiza internet gratuito de manera permanente ni establece que el Gobierno central pagará indefinidamente las conexiones. Lo anunciado es un periodo inicial de dos años sin cobro del servicio, seguido por una etapa en la que las administraciones municipales deberán hacerse cargo de los gastos recurrentes.
La sostenibilidad de Aula Conectada dependerá de los recursos disponibles en cada municipio, de las condiciones económicas acordadas con los proveedores y de la capacidad de las instalaciones para responder a las necesidades de cada escuela. Mientras no se conozcan los contratos, las tarifas y el costo mensual por establecimiento, seguirá sin existir una cifra pública verificable sobre cuánto costará mantener conectadas las unidades educativas fiscales después de los primeros 24 meses.
