Régimen Penitenciario expuso la problemática del hacinamiento en las cárceles del país acentuando los datos que señalan que se incrementó en 40% la cifra de privados de libertad desde 2022 hasta la fecha. El 67% de los reclusos tienen detención preventiva, no son sentenciados.

De los 18 mil internos que había hace dos años, la cifra subió y ahora suman un total 31 mil personas que forman parte de la población carcelaria, situación que ha generado una emergencia penitenciaria, señaló Juan Carlos Limpias, director nacional de la entidad estatal.

“Este fenómeno nunca pasaba antes”, remarcó Limpias, que considera que, pese a que se han hecho los esfuerzos para mejorar infraestructuras, ve que la situación de hacinamiento también está ligado a la administración de Justicia.

“El sinónimo de hacinamiento siempre ha sido dado a la Justicia. (Incluso) ya la misma Comisión Interamericana ha observado al Estado boliviano respecto al Órgano Judicial que se está haciendo mucho uso de la detención preventiva”, dijo.

Informó que en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz antes existían 2.200 internos y ahora alberga a 4 mil. Otro de los penales hacinados es Palmasola, en Santa Cruz, “el más poblado de toda Bolivia, con 9 mil privados de libertad, con un 277% de hacinamiento”.

“El dato más crítico es en Quillacollo, 500% de hacinamiento. Son pocos los centros que no tienen hacinamiento, hablamos de mujeres, sobre todo allá en Mocoví, en Beni y en la Merced de Oruro. Pero después prácticamente todos los centros penitenciarios están sobrepoblados con un hacinamiento ya insostenible”, insistió el director de Régimen Penitenciario.

Limpias cuestionó que “todo es cárcel hoy en día” y “no toman las alternativas en las cautelares o ver alternativas a la detención preventiva como establece la normativa y ahí es una primera crítica”, por lo que pidió a “algunos operadores de justicia que puedan aplicar lo que la normativa establece respecto a las excepciones” que puedan darse en algunos casos.

También dijo que lastimosamente, en la actualidad, hay personas que ya en justicia ameritan recuperar su libertad y han cumplido con la sociedad en el tiempo establecido que ha marcado la ley, pero “que no están saliendo como antes”.

“No están saliendo porque se les van poniendo un montón de requisitos. Personas que no tienen y han perdido contacto familiar, social, durante 10, 15, 20 años a quienes es difícil pedirles que les puedan garantizar con bienes, un tipo de garantías, un montón de requisitos que, lastimosamente, pues, es difícil que consigan por lo que tienen que seguir hasta cumplir su sentencia total”, apuntó.

Según Limpias, hay proyectos de ley, como el de dispositivos electrónicos de vigilancia -como medida de protección especial de víctimas de violencia y una alternativa para evitar la prisión preventiva- que han sido presentados desde el Ejecutivo, pero que aún están sin ser tratados a pleno en la Asamblea Legislativa, por lo que la situación en las cárceles tiende a mantenerse o empeorar.

Vía: Unitel

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