La violencia en los bloqueos liderados por sectores del evismo se intensifica en Cochabamba; autoridades denuncian uso de explosivos y secuestro de una uniformada.

Una nueva jornada de violencia sacudió al país este martes, con el departamento de Cochabamba convertido en el epicentro de los enfrentamientos más duros entre manifestantes afines al expresidente Evo Morales y efectivos de la Policía Boliviana. Como saldo de los disturbios, 13 uniformados resultaron heridos tras ser agredidos con piedras, explosivos y petardos, en medio de un clima tenso que amenaza con escalar aún más en los próximos días.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ofreció un informe detallado sobre los hechos ocurridos en el Valle Alto cochabambino, donde grupos de bloqueadores se enfrentaron con violencia a las fuerzas del orden. “Los heridos presentan contusiones y lesiones provocadas por artefactos explosivos de fabricación casera. Estamos ante un escenario extremadamente peligroso y fuera de control”, advirtió la autoridad.

En ese contexto, se confirmó además la detención de 15 personas, todas vinculadas con los bloqueos y acusadas de atentar contra la seguridad del Estado y el orden público. “Estas movilizaciones no responden a demandas sociales legítimas. Son parte de una estrategia política para forzar la candidatura inconstitucional del señor Evo Morales y sabotear las elecciones del 17 de agosto”, sostuvo Ríos.

Uno de los episodios más graves de la jornada fue el secuestro de una mujer policía durante los disturbios. Según el ministro, fue retenida por un grupo de manifestantes y trasladada a una zona sin identificar. “Se activó un operativo inmediato para rescatarla y, afortunadamente, logramos liberarla con vida. Actualmente está siendo atendida médicamente por las heridas sufridas durante su cautiverio”, explicó.

El Gobierno ha calificado estos actos como criminales y ha instado al Ministerio Público a actuar con celeridad. “La impunidad no puede seguir cobijando a quienes promueven el caos y ponen en riesgo la vida de los bolivianos. Esperamos que los fiscales apliquen la ley con todo su rigor”, enfatizó Ríos.

Mientras tanto, el comandante general de la Policía, general Augusto Russo, reveló cifras preocupantes sobre la cantidad de explosivos decomisados en los últimos días. Informó que entre el 20 de mayo y esta semana, la institución del orden ejecutó cuatro operativos en los que se incautaron más de 41.000 fulminantes, 777 cartuchos de dinamita, 555 detonadores con mecha armados y más de 500 metros de mecha lenta, principalmente en el departamento de La Paz.

Russo no dudó en señalar que este arsenal estaba destinado a intensificar los bloqueos promovidos por el ala radical del MAS. “Estamos hablando de material altamente peligroso, que no tiene ninguna justificación en una protesta pacífica. Es evidente que existe una planificación para escalar la violencia y generar enfrentamientos”, advirtió.

La situación genera una creciente preocupación en el Gobierno y en sectores de la sociedad civil que observan con alarma cómo estas movilizaciones, lejos de ceder, parecen ganar en radicalidad y violencia. Las rutas bloqueadas no solo perjudican el libre tránsito, sino que también están comenzando a afectar el abastecimiento de alimentos y combustibles en varias regiones.

Ríos reiteró que las elecciones generales del 17 de agosto se desarrollarán tal como está previsto y que no se permitirá que grupos minoritarios impongan su voluntad por la fuerza. “La democracia no se negocia. No vamos a permitir que un grupo pretenda chantajear al país para obtener ventajas políticas”, sentenció.

El Ejecutivo ha ordenado reforzar la presencia policial en los departamentos más afectados y mantener la vigilancia constante sobre los puntos de bloqueo más conflictivos. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que el conflicto se prolongue o incluso se recrudezca, a medida que se acerque la fecha de las elecciones.

Por su parte, organizaciones cívicas y sociales comienzan a expresar su rechazo a las acciones de los sectores movilizados. Varias voces han exigido al Tribunal Supremo Electoral y al Ministerio Público que actúen con firmeza para evitar que el proceso democrático sea vulnerado por medios violentos.