La llegada de 31 maletas vinculadas a Laura Rojas en un vuelo irregular plantea serias dudas sobre la seguridad aérea y la integridad de las autoridades bolivianas.

Las revelaciones sobre las 31 maletas asociadas a la exdiputada Laura Rojas han desatado una serie de cuestionamientos que ponen en entredicho la operatividad de las instituciones encargadas de la seguridad en el país. Un informe presentado por el diputado Rolando Pacheco ha sacado a la luz que estas maletas ingresaron a Bolivia en un vuelo que no cumplió con las autorizaciones necesarias, lo que ha llevado a la creación de una Comisión Especial de Investigación en la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el documento, el 29 de noviembre de 2025, un avión Gulfstream G-550, con matrícula N585JC, partió de Burbank, California, rumbo al aeropuerto de Viru Viru. Aunque la DGAC había otorgado la autorización a Southern Cross Aircraft LLC, la declaración del vuelo fue presentada por Proflite LLC. Esta discrepancia ha generado un ambiente de desconfianza y ha llamado la atención sobre la falta de controles efectivos en el proceso de ingreso de aeronaves al país.
La gravedad de la situación se intensifica con la información proporcionada por el oficial de enlace de la Policía Federal de Brasil, Fernando Augusto Battaus, quien alertó sobre la posible presencia de dinero en las maletas, supuestamente destinado al tráfico de drogas. A pesar de esta advertencia, la respuesta de las autoridades bolivianas fue nula, lo que plantea serias interrogantes acerca de la efectividad de los protocolos de seguridad.
El presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto De la Vía, corroboró que la autorización había sido emitida para Southern Cross Aircraft LLC, pero que al llegar a Bolivia, la documentación estaba a nombre de Proflite LLC. Este cambio no solo es alarmante, sino que también suscita la necesidad de una investigación sobre cómo se permitió que un vuelo operara sin la debida autorización.
El informe también aclara que, en realidad, fueron 31 las maletas que ingresaron al país, y no 32 como se había informado previamente. Estas maletas estaban registradas a nombre de varias personas, incluida Laura Rojas Ayala. Sin embargo, la situación se complica aún más cuando se considera que su pasaporte diplomático fue anulado el 13 de noviembre de 2025, pero se utilizó nuevamente el 29 de noviembre, lo que evidencia fallas en los controles migratorios.
El senador Leonardo Roca, del partido Libre, ha expresado su preocupación por las irregularidades relacionadas con los permisos otorgados por la DGAC. “Es inaceptable que dos empresas diferentes aparezcan en la documentación. ¿Qué autoridades estaban al tanto de este cambio y por qué no se dio la alerta correspondiente?”, cuestionó Roca, enfatizando la necesidad de una investigación exhaustiva.
Además, Roca destacó la figura de Bruno Sánchez, quien aparece como depositario de las maletas, pero no figura en la lista de pasajeros ni en la tripulación. Esta falta de información sobre su identidad y su rol en el proceso es otro punto que debe ser investigado a fondo.
La urgencia de que la Comisión Especial de Investigación actúe con rapidez es evidente, ya que el tiempo para emitir un informe final está por agotarse. La falta de acción por parte de las autoridades competentes pone de manifiesto la fragilidad de los sistemas de control en el país y la posibilidad de que existan redes operando al margen de la ley.
Este escándalo no solo ha puesto en tela de juicio la seguridad nacional, sino que también ha resaltado la imperiosa necesidad de revisar los procedimientos de control en la entrada de mercancías al país. Las autoridades deben responder y aclarar las múltiples irregularidades que han surgido en este caso, que sigue en el aire y que amenaza con erosionar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.