El Ministro de Justicia, César Siles, confirmó que se activarán mecanismos legales para su retorno al país, donde pesan condenas por los casos Senkata y Sacaba.
El exministro de Gobierno Arturo Murillo, prófugo de la justicia boliviana y actualmente encarcelado en Estados Unidos, podría ser deportado o extraditado a Bolivia una vez cumpla su condena en ese país, prevista para el 21 de julio de este año. Así lo anunció este miércoles el ministro de Justicia, César Siles, quien aseguró que el retorno del excolaborador del gobierno de Jeanine Áñez es «una obligación jurídica».
«El señor Murillo debe responder ante la justicia boliviana por los delitos por los que ya tiene condenas firmes, particularmente en los casos Senkata y Sacaba», declaró Siles en conferencia de prensa. El titular de Justicia explicó que, una vez cumplida la sentencia en EE.UU., se activarán los trámites legales para su retorno, ya sea por deportación o extradición, esta última ya solicitada por el Estado boliviano.
Condena en EE.UU. y procesos pendientes en Bolivia
Murillo fue arrestado en mayo de 2021 en Miami y condenado en enero de 2023 a cinco años y diez meses de prisión por soborno y lavado de dinero. Los cargos están relacionados con la compra irregular de gases lacrimógenos durante su gestión, en un contrato con sobreprecio que benefició a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS).
Sin embargo, en Bolivia enfrenta procesos aún más graves. Fue sentenciado en ausencia por su responsabilidad en las represiones de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) en 2019, episodios que dejaron decenas de muertos durante el gobierno de Áñez.
Implicancias políticas y judiciales
La eventual llegada de Murillo al país reabrirá un capítulo judicial y político clave para el actual gobierno. Las autoridades esperan que su declaración aporte información sobre las decisiones tomadas durante la administración de Áñez, particularmente en los conflictos sociales de 2019.
«Jurídicamente, no hay opción: debe regresar y enfrentar las consecuencias de sus actos», enfatizó Siles. Mientras tanto, el exministro sigue figurando en el sistema penitenciario estadounidense, a la espera de su liberación y posterior definición sobre su destino legal.
Con este caso, Bolivia busca reafirmar su postura frente a exautoridades acusadas de delitos durante el gobierno transitorio, en un proceso que podría marcar un precedente en la rendición de cuentas de altos funcionarios.