Pronunciamientos de exmandatarios y actores políticos elevan la tensión por la obra chilena en frontera, mientras Cancillería boliviana sostiene que la medida no rompe vínculos ni detiene el diálogo bilateral.
Las reacciones en Bolivia frente a la zanja impulsada por el presidente chileno José Antonio Kast no tardaron en escalar. Exjefes de Estado y líderes políticos expresaron incomodidad y rechazo, señalando que la obra proyecta una señal distante hacia el país. Desde el Ejecutivo boliviano, sin embargo, la posición fue distinta: el canciller aseguró que la relación con Chile continúa en curso y sin interrupciones.
Eduardo Rodríguez Veltzé, quien también encabezó la Corte Suprema de Justicia, apeló a los compromisos históricos para cuestionar la medida. “Contrasta con lo dispuesto por el Tratado de 1904”, escribió, recordando que ese instrumento reconoce a Bolivia un derecho de tránsito amplio hacia el océano Pacífico. Añadió que levantar barreras físicas en la frontera “no es la mejor señal de buena vecindad”, dejando en claro su preocupación por el mensaje político que se transmite.
Evo Morales endureció su postura al comparar la iniciativa con políticas migratorias restrictivas en otros países. “Imitando a Donald Trump, el presidente chileno anunció la construcción de muros”, afirmó. Para el exmandatario, el objetivo de esta infraestructura es “perseguir, criminalizar y encarcelar migrantes”. También remarcó que la instalación de obstáculos y la presencia militar “violan el Tratado de 1904 que garantiza la libre transitabilidad”.
Las críticas se ampliaron con las voces de Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina. Ambos coincidieron en que la decisión adoptada en Santiago marca un giro poco favorable en la relación bilateral. Consideran que la obra no aporta a la confianza entre Estados vecinos y que su ejecución tiene un impacto político que trasciende lo estrictamente operativo.
A diferencia de estas posiciones, la Cancillería boliviana optó por un enfoque más moderado. El ministro Fernando Aramayo sostuvo que la determinación chilena no altera los canales abiertos. “No interrumpe el diálogo que venimos a tener”, afirmó, señalando que se trata de una acción definida por el gobierno chileno dentro de su ámbito soberano. “Ellos entienden que esa es una forma de controlar sus fronteras”, puntualizó.
Desde Chile, la administración de Kast defendió la construcción como parte de un esquema más amplio de seguridad. El mandatario explicó que la zanja forma parte de un sistema que combina infraestructura, vigilancia y tecnología. “Buscamos cerrar nuestras fronteras a la inmigración ilegal, al narcotráfico y al crimen organizado”, declaró, al detallar que la intervención se ejecutará en tramos estratégicos del norte.
El plan contempla una excavación de hasta 30 kilómetros, con tres metros de profundidad y diez de ancho en algunos sectores, además de puestos de observación con presencia militar. Autoridades chilenas indicaron que la iniciativa responde a un aumento de ingresos irregulares y a la necesidad de reforzar el control territorial.
Mientras las posiciones se mantienen firmes a ambos lados de la frontera, el contraste es evidente: en Bolivia, figuras políticas advierten sobre implicaciones diplomáticas y jurídicas; el Gobierno, en cambio, prioriza mantener abiertos los canales de comunicación.
