Madres, esposas y adultos mayores pasaron la noche afuera de oficinas policiales intentando confirmar si sus familiares estaban entre los arrestados después de la jornada de violencia y represión registrada este lunes.

Las aprehensiones ejecutadas tras las protestas del lunes 18 de mayo en la ciudad de La Paz provocaron una nueva ola de denuncias contra el Gobierno y la actuación policial, luego de que abogados y representantes de derechos humanos confirmaran que al menos 95 personas fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
La cifra fue dada a conocer por el abogado de derechos humanos Kurmi Rocha, quien llegó hasta instalaciones policiales junto a representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia para verificar la situación de los arrestados. Según explicó, la información fue proporcionada por personal policial de guardia y todavía existía incertidumbre sobre la cantidad final de detenidos.
“Aproximadamente hay 95 personas aprehendidas en este momento”, señaló Rocha, advirtiendo además que muchas familias aún desconocían el paradero exacto de sus allegados debido al movimiento constante de personas arrestadas durante los operativos realizados en distintos sectores paceños.
La representante de derechos humanos Eliana Rojas sostuvo que entre los detenidos existen mujeres y adultos mayores, además de ciudadanos que, según las denuncias recibidas, fueron retenidos cuando transitaban cerca de los puntos de conflicto. La activista aseguró que varios testimonios apuntan a aprehensiones indiscriminadas en medio de la tensión generada por las movilizaciones.
Las protestas estuvieron protagonizadas por organizaciones sociales, obreras y campesinas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La movilización derivó en enfrentamientos con efectivos policiales y dejó daños en instituciones públicas, vehículos incendiados y personas heridas.
Sin embargo, la preocupación de familiares y defensores se trasladó rápidamente desde las calles hacia las dependencias policiales, donde decenas de personas aguardaban información sobre sus hijos, hermanos o padres detenidos. Varias familias denunciaron que pasaron horas enteras sin conocer el estado físico o jurídico de sus seres queridos.
Los abogados denunciaron además que los arrestados enfrentan acusaciones severas como sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Desde la defensa legal se cuestionó que esos delitos sean aplicados de manera generalizada mientras todavía no se determina el grado de participación individual de cada persona capturada durante los disturbios.