FISCALÍA IMPUTA A PORRAS Y QUEZADA POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y NARCOTRÁFICO

Nov 17, 2026

El Ministerio Público formalizó la investigación contra ambos exfuncionarios después de recibir sus declaraciones. La defensa de Porras cuestiona la acusación, sostiene que no existen elementos concretos y denuncia que se lo procesa en La Paz pese a que los hechos estarían vinculados con Santa Cruz.

El caso Roma dejó de estar bajo reserva y entró en una nueva etapa procesal con la imputación formal presentada por el Ministerio Público contra César Porras, exfiscal antinarcóticos, y Aldo Quezada, investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas. Ambos permanecen aprehendidos en celdas policiales, mientras se aguardan las siguientes actuaciones judiciales.
El fiscal de materia Daniel Portales confirmó que la Fiscalía emitió la imputación después de recibir las declaraciones de los investigados y dentro del plazo establecido por el procedimiento. La decisión formaliza los cargos que pesan sobre Porras y Quezada y permite que el proceso avance hacia las siguientes determinaciones de la autoridad jurisdiccional.
Portales también aclaró que la investigación relacionada con Roger Mariaca, identificada como caso Roma, ya no se encuentra bajo reserva. Esta situación abre la posibilidad de que se conozcan mayores detalles sobre las actuaciones investigativas, aunque el fiscal evitó revelar el contenido de los requerimientos y las solicitudes planteadas por el Ministerio Público en la imputación.
El representante fiscal tampoco proporcionó información específica sobre los elementos que sustentan la acusación contra los dos investigados. Por ahora, la información oficial se limita a la confirmación de los delitos atribuidos, la presentación de la imputación formal y la situación de aprehensión de ambos.
LA DEFENSA NIEGA LOS CARGOS
La reacción de la defensa de César Porras no se hizo esperar. Su abogado, Héctor Castellón, aseguró que su cliente se declaró inocente durante su declaración y cuestionó que la Fiscalía todavía no haya establecido, a su criterio, elementos claros y concretos que permitan sostener las acusaciones.
«Mi cliente se ha declarado inocente», manifestó el jurista al referirse a la situación procesal del exfiscal antinarcóticos, quien ahora enfrenta una investigación por dos delitos que pueden tener consecuencias penales importantes si llegan a demostrarse ante la justicia.
Castellón sostuvo que la Fiscalía estaría utilizando principalmente el cargo que Porras desempeñaba como elemento para involucrarlo en el caso. Desde su perspectiva, esa condición no constituye por sí misma una prueba de participación en actividades delictivas ni demuestra la existencia de una organización criminal.
El abogado calificó la sindicación como «arbitraria» y «peligrosa», al considerar que todavía no se habrían presentado fundamentos suficientes para establecer la responsabilidad de su defendido. También señaló que aguardan con cautela las próximas actuaciones del Ministerio Público, aunque dejó entrever que el proceso podría tener aspectos que, a su juicio, trascienden el ámbito estrictamente jurídico.
La defensa no considera suficiente que la investigación se apoye en las funciones que Porras ejercía dentro de la estructura antinarcóticos. El cuestionamiento apunta a que la Fiscalía debe precisar qué hechos concretos le atribuye, cuál habría sido su participación y qué elementos respaldan la imputación por organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
CUESTIONAN QUE EL PROCESO SE TRAMITE EN LA PAZ
Otro de los puntos observados por Castellón es la jurisdicción en la que se desarrolla la investigación. El abogado cuestionó que su defendido sea procesado en La Paz cuando, según su interpretación, los hechos investigados podrían corresponder a Santa Cruz.
«Estamos acostumbrados a que ciudadanos de Santa Cruz se los traigan a La Paz para juzgarlos en La Paz, cuando se supone que en la ciudad de Santa Cruz también hay fiscales y jueces», expresó.
La declaración introduce otro cuestionamiento de la defensa, esta vez relacionado con el lugar donde se desarrolla el proceso. Castellón considera que Santa Cruz cuenta con autoridades judiciales y fiscales capaces de conocer los hechos, por lo que puso en duda la decisión de tramitar el caso en la sede de Gobierno.
Sin embargo, el abogado no detalló qué actuación procesal promoverán para objetar la jurisdicción ni si presentarán algún recurso específico sobre ese aspecto.
EL CASO ENTRA EN UNA NUEVA ETAPA
La salida de la reserva constituye uno de los cambios importantes anunciados por la Fiscalía. Hasta ahora, las restricciones sobre la información del caso habían limitado el conocimiento público de las actuaciones investigativas vinculadas con Roger Mariaca y las personas involucradas.
Con la imputación formal contra Porras y Quezada, el Ministerio Público deberá sostener ante la autoridad judicial los fundamentos de su acusación y respaldar los delitos atribuidos con los elementos incorporados a la investigación.
Mientras tanto, la defensa de Porras anticipó su posición de rechazo a los cargos y cuestionó tanto los fundamentos de la imputación como la jurisdicción elegida para tramitar el proceso.
La investigación continúa abierta y la responsabilidad de ambos investigados deberá establecerse mediante el procedimiento judicial. Por el momento, Porras y Quezada mantienen su condición de investigados y permanecen aprehendidos, mientras se esperan las determinaciones que correspondan dentro del caso Roma.

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