El gabinete de ministros autorizó al ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, la firma de dos convenios de préstamo por $us 190 millones para financiar el «Proyecto de Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar» y el «Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable».

El Decreto Supremo 5159 autoriza la suscripción del Convenio de Préstamo 9643-BO con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial (BM) por $us 150 millones, destinados a financiar el «Proyecto de Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar».

Será ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y tiene el objetivo de mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos en distintas cuencas, y aumentar la resiliencia a la variabilidad climática de familias rurales vulnerables en microcuencas.

En tanto, el Decreto Supremo 5158 autoriza la suscripción del Contrato de Préstamo Nº 5865/OC-BO con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta $us 40 millones, destinados a financiar el «Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable».

Con el programa se busca fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad rural, incrementar el uso sostenible de la tierra y aumentar la eficiencia del sistema catastral.

Los avances en materia de regularización de la propiedad rural en Bolivia han sido significativos y, de hecho, el proceso de catastro, saneamiento, titulación y registro de tierras rurales está llegando a su etapa final.

Los cambios en la estructura de la tenencia de la tierra en los últimos 30 años han contribuido a reducir las brechas de acceso por parte de pequeños propietarios y comunidades indígenas. Sin embargo, aún quedan 13,3 millones de hectáreas pendientes de registrar, una tarea que se completará con este Programa.

Reconociendo que los procesos de reformas agrarias en la mayoría de los países, incluyendo Bolivia, son complejos, el programa incluirá el fortalecimiento institucional y la consolidación del sistema nacional de administración de tierras.

Entre otras medidas se actualizará el marco legal, que incluirá normas para la resolución de conflictos relacionados con la propiedad de la tierra. También se modernizarán los sistemas de información del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y se procederá a la digitalización de sus archivos y expedientes.

El préstamo del BID tiene un periodo de amortización de 24,5 años, un periodo de gracia de 11,8 años y una tasa de interés basada en SOFR.

En cumplimiento a la Constitución Política del Estado, una vez firmados ambos convenios de préstamo serán remitidos a consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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