El directivo de la línea aérea bandera dejó sus funciones administrativas para asistir a un evento deportivo internacional en Norteamérica, sin contar con el aval del ministerio que tutela la empresa pública.

El manejo institucional de Boliviana de Aviación ingresó a una profunda fase de fiscalización legislativa. Diversos bloques parlamentarios coordinan acciones para destituir al gerente general de la firma, Eduardo Valdivia, tras corroborarse que abandonó el país con rumbo a territorio estadounidense con fines de esparcimiento. La polémica radica en que el ejecutivo solicitó este prolongado descanso cuando apenas llevaba dos meses al frente de la corporación estatal, un hecho que vulnera las prácticas de la administración pública y que fue desconocido por el Ministerio de Obras Públicas.

Las bancadas fiscalizadoras calificaron la conducta de la autoridad de inadmisible frente a las deficiencias técnicas de la conectividad aérea local. La senadora Claudia Mallon censuró duramente al ejecutivo y adelantó que la destitución es el único camino administrativo viable. “Sinvergüenza, no completo ni dos meses (…) corresponde la destitución de Eduardo Valdivia”, declaró la parlamentaria, remarcando la gravedad de que se simularan tareas oficiales para encubrir la ausencia. “Sin permiso, el gerente de BoA se fue al mundial de vacaciones (…) Valdivia es un ocioso que llegó a BOA, no tiene plan”, apuntó, señalando que el personal de la empresa pretendió camuflar el viaje reportando que el directivo se encontraba en dependencias gubernamentales de La Paz.

El descontento parlamentario se incrementó al contrastar el asueto del funcionario con la precariedad de las operaciones aéreas civiles en el territorio nacional. El senador Abdón Porcel lamentó el menoscabo del transporte público y demandó cambios radicales en la conducción de la compañía. “BoA se ha vuelto empresa ineficiente”, diagnosticó Porcel, aportando datos de la reducción de la conectividad que golpea a las terminales del interior. “BOA redujo vuelos de 42 a 19 a Sucre, su gerente en el mundial”, fustigó, apuntando a la incompatibilidad entre las necesidades de los usuarios y el proceder de la máxima autoridad de la entidad.

La fiscalización también sumó a representantes de la Brigada Parlamentaria de La Paz, quienes activaron los mecanismos de control constitucional ante las recurrentes denuncias del público. El diputado Mauricio Taboada confirmó el inicio de las solicitudes oficiales de aclaración por los perjuicios comerciales provocados. “Comprendemos el malestar de la población”, admitió Taboada, puntualizando que “a dos meses ninguna autoridad puede estar pidiendo vacaciones”, obligando a la empresa a presentar la documentación de soporte que autorizó la salida del país.

Por su parte, la diputada Sandra Rivero informó que las pesquisas parlamentarias apuntan al cobro desmedido de tarifas y al constante retraso de las aeronaves. “He enviado ya tres PIE a BOA con diferentes preocupaciones que no son solamente mías, también son de la población”, argumentó la legisladora respecto a las peticiones de informe escrito ingresadas. Rivero desvirtuó las justificaciones presentadas por los asesores del gerente, exigiendo la intervención del Ministerio de Obras Públicas: “Enfermedad no es, obviamente vacaciones, tampoco”, remató.