El Ejecutivo reconoció que el Decreto 5676, que eleva el diésel para grandes consumidores, responde a condiciones vinculadas al financiamiento negociado con el Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno de Rodrigo Paz reconoció que una de las medidas adoptadas para avanzar hacia el financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) está relacionada con la liberación del precio de los hidrocarburos. La admisión contradice las declaraciones realizadas semanas atrás por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien había negado que el organismo impusiera condicionamientos.
El reconocimiento fue realizado por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, durante una reunión del Ejecutivo con alcaldes de todo el país. La autoridad señaló expresamente que el Decreto Supremo 5676 forma parte de los condicionamientos planteados por el FMI.
EL GOBIERNO VINCULA EL DECRETO CON EL ACUERDO FINANCIERO
“El decreto 5676 es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del Fondo Monetario Internacional en tanto liberación del precio de los hidrocarburos”, afirmó Aramayo durante el encuentro con representantes municipales.
El DS 5676 fue promulgado el 17 de agosto y estableció un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, clientes y usuarios directos. Para los demás consumidores y el transporte se mantiene el precio de Bs 9,80. El Gobierno justificó la medida por el costo de importación, el contrabando y el desvío del combustible subsidiado.
La revelación de Aramayo adquiere relevancia porque el 23 de julio Espinoza había declarado que “no hay condicionamientos con el FMI”. En aquella oportunidad explicó que existía un plan fiscal y presupuestario asumido por Bolivia, pero sostuvo que aquello constituía un compromiso del Gobierno y no una imposición del organismo internacional.
FMI COMPROMETIÓ $US 1.900 MILLONES
El 31 de julio, Bolivia y el FMI anunciaron un acuerdo a nivel técnico por un programa de 36 meses, con un financiamiento inicial de $us 1.900 millones y la posibilidad de movilizar recursos adicionales de otros organismos hasta superar los $us 5.000 millones. El acuerdo todavía requiere la aprobación del directorio del Fondo.
Aramayo explicó que el crédito no representa una disponibilidad inmediata para gasto discrecional, sino un programa que busca respaldar las políticas fiscal y monetaria y facilitar otros mecanismos de financiamiento.
ALCALDES EXIGEN RETIRAR EL PRECIO DE BS 18
La declaración del ministro se produjo después de que Johnny Torres, presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), solicitara al presidente Paz la abrogación del DS 5676.
Los municipios cuestionan principalmente el impacto del nuevo precio sobre las actividades productivas y reclamaron que la norma sea retirada. El Ejecutivo, sin embargo, vinculó directamente su vigencia con la liberación de los precios de los carburantes contemplada dentro de las condiciones del programa financiero con el FMI.