El Ejecutivo reorganiza su agenda parlamentaria tras el rechazo en comisión y confirma que insistirá en la anulación del tributo que grava patrimonios mayores a 30 millones de bolivianos.

El Ejecutivo decidió mantener firme su determinación de suprimir el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y prepara una nueva arremetida legislativa para lograrlo. La determinación fue comunicada oficialmente por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien confirmó que el Gobierno reestructuró su planificación normativa luego de que la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de Diputados rechazara el proyecto de ley de anulación.
La administración de Rodrigo Paz sostiene que el tributo tiene un rendimiento reducido frente al total de ingresos estatales. Según cifras oficiales expuestas por el propio Ejecutivo, en 2025 la recaudación alcanzó alrededor de 162 millones de bolivianos, monto que el Gobierno considera insuficiente para justificar su permanencia.
El IGF fue promulgado durante la gestión del presidente Luis Arce y establece alícuotas progresivas de entre 1,4% y 2,4% para personas naturales con patrimonios superiores a 30 millones de bolivianos. Desde el actual Gobierno se argumenta que la vigencia de este gravamen incide en la percepción internacional sobre el clima de inversión.
El ministro Lupo informó que se reforzará el trabajo directo con la Asamblea Legislativa Plurinacional para exponer nuevamente los fundamentos técnicos y cumplir los procedimientos formales que exige el tratamiento parlamentario. Indicó además que el Ejecutivo presentará la información que sea requerida por las instancias legislativas para sustentar su posición.