La eliminación de la subvención a carburantes activa un esquema de precios variables, definido en decreto supremo, basado en referencias históricas, márgenes regulados y nueva relación entre YPFB y productores.

La reciente decisión estatal de retirar la subvención al precio de los carburantes derivó en la reactivación de un régimen de formación de precios para los derivados del petróleo que no se aplicaba en Bolivia desde finales de la década de 1990. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5503 y comunicada por el Ministerio de Hidrocarburos.

En una exposición pública realizada en la ciudad de Santa Cruz, el ministro del área, Mauricio Medinaceli, explicó que el nuevo marco normativo incorpora anexos técnicos destinados a ordenar la fijación de precios de referencia y los márgenes de la cadena de comercialización. De acuerdo con la autoridad, el decreto redefine además la forma de vinculación entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas productoras.

El Gobierno atribuyó la decisión a limitaciones estructurales del esquema anterior. Según datos oficiales, la reducción de ingresos por exportaciones de gas natural y el aumento sostenido de las importaciones de diésel presionaron el presupuesto público, dificultando la continuidad de precios congelados en el mercado interno.

Durante su explicación, Medinaceli repasó antecedentes históricos del país en materia de combustibles. Recordó que tras la hiperinflación de los años ochenta, los precios de la gasolina y el diésel eran ajustados periódicamente como parte de políticas de estabilización fiscal, en un contexto de empresas estatales con altos niveles de déficit.

También mencionó que, a partir de 1997, Bolivia adoptó un sistema de precios vinculados a referencias internacionales, lo que generó fluctuaciones frecuentes. Ese mecanismo fue suspendido en 2000, en medio de conflictos sociales, mediante acuerdos temporales con empresas petroleras y la refinería entonces administrada por Petrobras.