Tres ministros reaccionaron tras las restricciones de Washington contra funcionarios y exautoridades, pidieron información y anunciaron investigaciones, pero evitaron asumir decisiones sobre los afectados.

El Gobierno de Rodrigo Paz respondió a la revocatoria y restricción de visas aplicada por Estados Unidos contra autoridades y exautoridades bolivianas con un pedido de información, anuncios de investigación y la remisión de cualquier decisión institucional a las instancias correspondientes.
Las posiciones expuestas por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; y de la Presidencia, Fernando Aramayo, coinciden en un punto: Washington debe entregar los elementos que sustentan sus señalamientos. Al mismo tiempo, ninguno asumió una determinación política sobre la situación del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, uno de los principales afectados.
TRES MINISTROS, UNA MISMA RESPUESTA
Justiniano calificó las acusaciones estadounidenses como “bastante graves” y sostuvo que el Ejecutivo solicitará, mediante las instancias competentes, información complementaria y elementos probatorios.
El ministro planteó además separar los señalamientos en tres áreas: defensa de la democracia y el orden constitucional, corrupción, y narcotráfico o crimen organizado. Para el Gobierno, cada acusación debe ser investigada con evidencia y bajo las reglas del debido proceso.
Oviedo anunció que el Ministerio de Gobierno intensificará las investigaciones y las tareas de inteligencia sobre las personas incluidas en las medidas estadounidenses. Explicó que esa cartera procesa información de manera permanente, pero que solo la presenta públicamente cuando cuenta con elementos que permitan respaldarla.
“Vamos a pedir una información complementaria sobre este tema e iniciaremos las investigaciones en los diferentes órganos del Estado”, afirmó.
MARIACA QUEDA EN MANOS DE OTRAS INSTANCIAS
La respuesta oficial también evitó comprometer al Ejecutivo con una eventual salida de Mariaca. Oviedo recordó que el fiscal general fue designado por la Asamblea Legislativa y señaló que cualquier pedido de renuncia deberá seguir los procedimientos establecidos por ese órgano.
Aramayo, por su parte, insistió en que la Fiscalía y las demás instituciones públicas deben actuar de manera independiente y conforme a la normativa boliviana. Dijo que el Ejecutivo colaborará cuando corresponda, pero evitó pronunciarse sobre investigaciones concretas.
La posición deja al Gobierno en una situación de espera: solicita a Estados Unidos las pruebas que expliquen las restricciones, anuncia investigaciones internas y, paralelamente, sostiene que no puede intervenir en las decisiones de la Fiscalía o de la Asamblea.