El Legislativo busca información oficial de Estados Unidos sobre las acusaciones contra el fiscal general antes de activar mecanismos de investigación y seguimiento.

Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, solicitaron al vicepresidente Edmand Lara convocar con carácter de urgencia a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para tratar los señalamientos de Estados Unidos contra el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y las restricciones de visa aplicadas contra autoridades bolivianas.
La solicitud fue anunciada el lunes 28 de septiembre, después de que el Departamento de Estado estadounidense incluyera a Mariaca entre los funcionarios afectados por restricciones migratorias y lo señalara por presuntos actos de corrupción vinculados con el narcotráfico. Esas acusaciones corresponden al Gobierno de Estados Unidos y no constituyen una sentencia judicial en Bolivia.
PIDEN DOCUMENTOS A ESTADOS UNIDOS
Ávila y Castro informaron que remitieron una solicitud al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, para que gestione mediante los canales diplomáticos la entrega de la información oficial disponible sobre las acusaciones.
“Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas”, afirmó Ávila, al remarcar que antes de adoptar decisiones institucionales se debe conocer el contenido y sustento de los señalamientos.
El Departamento de Estado sostiene que Mariaca habría abusado de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. La medida estadounidense también alcanzó a otros fiscales y jueces bolivianos.
Mariaca, por su parte, rechazó las restricciones estadounidenses y sostuvo que su trabajo continuará pese a lo que calificó como presión política. También afirmó que las investigaciones deben avanzar conforme a la ley.
SOLICITAN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA
Los titulares de ambas cámaras pidieron a Lara, en su condición de presidente nato de la ALP, que convoque a una sesión urgente y que el caso sea incorporado en el orden del día.
La intención, según explicaron, es analizar los mecanismos institucionales de investigación y seguimiento que correspondan una vez que Bolivia reciba la documentación solicitada por la Cancillería. ANF reportó que la propuesta contempla incluso la conformación de una comisión legislativa para revisar las denuncias contra fiscales, jueces y exautoridades.
Castro sostuvo que la Asamblea no pretende reemplazar las funciones de fiscales o jueces ni anticipar responsabilidades.
“No estamos anunciando culpabilidades ni sustituyendo fiscales o jueces. Estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se preserven los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga un sustento legal”, señaló.
El presidente de Diputados añadió que, si las acusaciones llegan a comprobarse mediante las instancias correspondientes, deberán establecerse las responsabilidades previstas por ley. Si los señalamientos no tienen sustento, sostuvo que también deberá aclararse esa situación ante la ciudadanía.
Ávila y Castro también plantearon que Mariaca se aparte temporalmente de sus funciones mientras se esclarecen los hechos, una posición que presentaron como una medida destinada a preservar la independencia de cualquier investigación.