Lilian Moreno fue imputada por anular medidas contra el expresidente en un caso de trata de personas; su decisión de trasladar el proceso al bastión político de Morales generó controversia nacional.
La jueza Lilian Moreno, cuestionada por dejar sin efecto la orden de aprehensión y la imputación contra el expresidente Evo Morales en un proceso por trata de personas, fue beneficiada con detención domiciliaria bajo custodia policial. A pesar de esta decisión judicial, la autoridad judicial continúa recluida en el penal de Palmasola a la espera de cumplir los requisitos legales, como el pago de una fianza, para ser trasladada a su residencia.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, expresó su sorpresa por la decisión de una juez cruceña que cesó la detención preventiva de Moreno sin remitir los antecedentes del caso a La Paz, jurisdicción que originalmente asumió el proceso. Según Zeballos, la Fiscalía fue informada de que el Tribunal de Justicia de La Paz admitió una apelación del Ministerio de Justicia, fallando a favor de que la causa sea atendida por una jueza de esa ciudad por razones de competencia territorial.
Moreno fue arrestada el pasado 7 de mayo en Santa Cruz y enfrenta cargos por desobediencia a decisiones constitucionales e incumplimiento de deberes. La justicia paceña ordenó inicialmente su detención preventiva por 30 días en Palmasola, tras acusarla de haber anulado no solo las medidas contra Morales, sino también de disponer el traslado del caso —que se originó en Tarija— al Trópico de Cochabamba, zona considerada bastión político del exmandatario.
Este hecho ha generado una fuerte polémica política, especialmente entre los sectores afines al evismo. Voceros de ese bloque han denunciado una supuesta persecución judicial y adelantaron que acudirán a instancias internacionales para denunciar la presunta vulneración de derechos tanto de la jueza como del expresidente.
Según el Ministerio Público, la imputación se basa en dos fundamentos principales. El primero apunta a que existen indicios suficientes para presumir que Moreno habría participado de forma directa en actos contrarios a la ley. El segundo se centra en la sospecha de que la jueza podría entorpecer la investigación o el desarrollo del proceso judicial si no se aplican medidas cautelares.