En los barrios más pobres, miles de mujeres buscan a sus hijos detenidos bajo el régimen de excepción. Enfrentan el miedo, la burocracia y el silencio estatal como una condena paralela.
Con datos de EL PAÌS de España
La madrugada aún no termina cuando Rosa Martínez toma el primer bus hacia el penal de Izalco. Lleva una bolsa con jabón, papel higiénico, pan dulce y un par de calcetines. Son para su hijo Kevin, detenido hace más de dos años bajo el régimen de excepción que gobierna El Salvador desde marzo de 2022. No sabe si él los recibirá. “A veces aceptan el paquete, otras veces lo devuelven y no dicen por qué”, explica con la resignación de quien aprendió que preguntar demasiado puede tener consecuencias.
Como ella, miles de madres salvadoreñas peregrinan cada semana por distintas cárceles del país. Sus historias son tan parecidas que parecen contarse entre murmullos, lejos de cámaras y grabadoras. Son mujeres que viven en un país donde la seguridad se mide por el número de presos y no por la justicia que los procesa.
El régimen de excepción —prorrogado ya más de 40 veces— ha cambiado la vida cotidiana de comunidades enteras. La mayoría de los 90.000 detenidos son hombres jóvenes de zonas marginadas, pero la carga del encierro recae sobre las mujeres que quedaron fuera: madres, esposas y hermanas que enfrentan un sistema que no responde.
LAS NUEVAS “MADRES DE LOS DESAPARECIDOS”
En los años de la guerra civil, El Salvador conoció a las “Madres de los Desaparecidos”. Cuarenta años después, ese dolor regresa con otro rostro. “Mi hijo no está desaparecido oficialmente, pero tampoco aparece en los registros”, dice Petra, una mujer de 60 años que vive en Mejicanos. Su hijo fue detenido en abril de 2022. Desde entonces no ha recibido una llamada, una carta ni un informe médico. “He ido a todas las instituciones. Nadie me da razón. Me dicen que tenga fe.”
Organizaciones de derechos humanos, como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario, documentan más de 6.000 casos de detenciones arbitrarias y 400 muertes en cárceles. A pesar de los reclamos, las autoridades mantienen la información bajo reserva. El Ministerio de Justicia califica la situación como “asunto de seguridad nacional”.
“Las familias están viviendo un nuevo tipo de desaparición: legal, documentada, pero igual de dolorosa”, afirma la abogada Zaira Navas, de Cristosal. “El Estado reconoce que detuvo a alguien, pero no permite verificar si sigue con vida, dónde está, ni bajo qué condiciones.
DETRÁS DE LA PROMESA DE ORDEN
El discurso gubernamental insiste en que la “guerra contra las pandillas” trajo paz. Los índices de homicidio, según el Ejecutivo, se redujeron en más del 90%. Pero las comunidades empobrecidas viven una realidad distinta. En ellas, la violencia cambió de forma: ya no son las maras las que infunden miedo, sino el propio Estado.
En Soyapango, una de las zonas más vigiladas del país, los patrullajes militares son parte del paisaje. “Aquí ya no hay balaceras, pero tampoco libertad”, dice Marisol, vendedora de frutas y madre de un joven detenido hace 18 meses. “Si los soldados te miran mal, mejor bajas la cabeza. Uno aprende a no hablar.”
Los testimonios recogidos por El País y organizaciones internacionales confirman que en los primeros meses del régimen la Policía recibía cuotas diarias de detenciones. Las denuncias anónimas, muchas veces motivadas por rivalidades vecinales o malentendidos, bastaban para encarcelar a alguien. En ese contexto, la frontera entre la justicia y la arbitrariedad se volvió difusa.
EL PESO INVISIBLE DE LA POBREZA
El costo económico del régimen se siente con crudeza. Las familias de los detenidos —en su mayoría trabajadoras informales— gastan entre 50 y 100 dólares mensuales en alimentos, productos de higiene y transporte para las visitas, según cálculos de organizaciones locales. Muchas deben elegir entre alimentar a los hijos libres o enviar comida a los encarcelados.
“Yo vendo pupusas desde las cinco de la mañana hasta la noche”, cuenta Rosa. “De lo que gano, guardo algo para el paquete. Si no mando nada, me da miedo que le quiten la comida.” Su testimonio se repite en cientos de mujeres que sostienen hogares fracturados, sin acceso a créditos ni redes de apoyo.
El Banco Central de Reserva reportó una caída en el consumo familiar en los municipios más afectados por el régimen, aunque las cifras oficiales omiten cualquier vínculo con la política de seguridad. El sacrificio económico se naturaliza, mientras el Gobierno mantiene una narrativa triunfalista sobre el “nuevo El Salvador”.
FE Y MIEDO COMO SOPORTE
En la entrada del penal de Mariona, decenas de mujeres rezan el rosario antes de la visita. Algunas llevan pancartas con nombres escritos en marcador azul. Otras muestran fotografías plastificadas. “Es lo único que puedo hacer por él”, dice Leticia, madre de un joven de 19 años detenido por “asociaciones ilícitas”.
La fe se ha convertido en refugio y protesta silenciosa. Los sacerdotes que acompañan a las familias lo hacen con discreción. “Aquí hablar de derechos humanos es peligroso”, dice uno de ellos bajo anonimato. “Nos piden que prediquemos esperanza, pero lo que más abunda es miedo.”
El Arzobispado de San Salvador ha recibido centenares de cartas pidiendo intermediación. Sin embargo, el diálogo con el Ejecutivo es limitado. El Gobierno evita encuentros públicos y descalifica a las ONG que denuncian abusos, acusándolas de servir a intereses extranjeros.
EL DILEMA MORAL DEL PAÍS
El apoyo popular a Bukele sigue siendo alto. Según encuestas locales, más del 80% de los salvadoreños respalda el régimen de excepción. Muchos argumentan que, por primera vez, pueden caminar sin miedo en sus barrios. Pero esa sensación de seguridad convive con un dilema ético: ¿vale todo en nombre del orden?
“Yo no estoy en contra del presidente”, aclara Petra, “solo quiero ver a mi hijo. Si es culpable, que lo juzguen. Pero si no, que lo dejen vivir.” Su voz, quebrada, condensa la contradicción de un país que exige justicia pero aplaude la dureza.
Los analistas sociales advierten que el miedo se ha convertido en herramienta de control político. “El régimen no solo persigue a las pandillas, sino que disciplina a la sociedad”, sostiene el sociólogo Ricardo Valencia. “Quien cuestiona la versión oficial es visto como enemigo del pueblo.”
SISTEMA JUDICIAL EN SOMBRA
La estructura judicial salvadoreña ha sido reformada a medida del Ejecutivo. Desde 2021, con la destitución de jueces mayores de 60 años, el Gobierno consolidó un control casi total de los tribunales. Los nuevos magistrados avalan las detenciones masivas y prolongan los procesos sin plazos definidos.
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, defendió en agosto las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, que permiten mantener presos hasta siete años a los acusados antes de sentencia. “Se acabó el hiper-garantismo”, dijo ante la Asamblea.
En la práctica, eso significa que miles de detenidos podrían salir libres recién en 2029, siempre que sus casos sean revisados. Las audiencias colectivas —con hasta 500 acusados por sesión— dificultan la defensa individual y transforman la justicia en un trámite administrativo.
UN PAÍS QUE CELEBRA, OTRO QUE ESPERA
Mientras en las calles de San Salvador los murales muestran al presidente como “el salvador del pueblo”, en los pasillos de los tribunales las familias esperan respuestas que no llegan. Las imágenes oficiales contrastan con el silencio de los penales.
“Nosotras no salimos en la televisión”, dice Rosa, levantando su bolso con los víveres. “Solo queremos que nos digan si están vivos.”
La propaganda estatal presenta al país como ejemplo mundial de seguridad. Pero bajo esa narrativa se extiende una red de dolor que atraviesa generaciones. Las madres que hoy caminan hacia las cárceles repiten, sin saberlo, las mismas rutas de las que hace décadas buscaron a sus desaparecidos.
ENTRE LA ESPERANZA Y EL OLVIDO
Las mujeres que sostienen la vida fuera de los muros han aprendido a resistir sin protestar abiertamente. “Ya no lloramos en público”, dice Marisol. “Solo rezamos para que vuelvan.” La resignación no es rendición: es una forma de sobrevivir.
En el país de Bukele, donde el silencio es sinónimo de prudencia y el miedo se disfraza de orden, las madres se han convertido en el rostro oculto de la tragedia. Son ellas quienes recuerdan que la justicia no se mide por el número de capturas, sino por la humanidad que aún resiste en los márgenes.
Rosa se sube al bus de regreso. Afuera, el sol comienza a calentar el asfalto. “Un día de estos lo van a soltar”, dice con un hilo de esperanza. “Yo solo quiero estar viva para abrazarlo.”
