Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecen ante tribunal estadounidense tras su secuestro en Caracas, mientras Venezuela denuncia ataque militar y violación a la soberanía nacional.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este lunes al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acompañado por su esposa, Cilia Flores, para comparecer ante la justicia estadounidense por primera vez tras su secuestro en Caracas el sábado pasado. La audiencia será presidida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, encargado de supervisar los procedimientos y determinar las condiciones legales de los acusados.

Según los protocolos del sistema judicial de EE.UU., la sesión inicial incluye la verificación de identidad de los imputados, la lectura formal de los cargos y la confirmación de su derecho a la defensa. Maduro y Flores permanecen en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se asegura su custodia mientras se define el calendario de futuras diligencias judiciales.

El Gobierno venezolano informó que la detención ocurrió en el marco de un ataque militar estadounidense que involucró bombardeos sobre Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Las autoridades describieron el hecho como una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas, que establece el respeto a la soberanía de los Estados y prohíbe el uso de la fuerza sin autorización internacional.

Venezuela también indicó que no existen pruebas que vinculen a Maduro o a su esposa con actividades de narcotráfico. Por el contrario, el Gobierno sostiene que la acción de EE.UU. estaría dirigida a asegurar el control sobre los recursos petroleros venezolanos. Voceros estadounidenses, incluidos exfuncionarios de alto rango, han manifestado públicamente su interés en la explotación de los hidrocarburos venezolanos, lo que el Gobierno de Caracas interpreta como la verdadera motivación detrás de la operación.

Organismos internacionales y expertos en derecho internacional consultados por medios oficiales venezolanos señalaron que cualquier detención extraterritorial o intervención militar sin consentimiento del Estado afectado constituye un incumplimiento de normas internacionales.