Mineros, magisterio y amas de casa instalaron piquetes de ayuno ante la falta de respuesta del Gobierno, demandando la anulación del decreto que regula inversiones estratégicas.
En el marco de la segunda semana de movilizaciones contra el Decreto Supremo 5503, distintas organizaciones sociales del país comenzaron a instalar piquetes de huelga de hambre para exigir la derogación de la normativa, que regula inversiones extranjeras en recursos estratégicos y elimina ciertas subvenciones.
El Comité Nacional de Amas de Casa Mineras (Conacmin) fue uno de los primeros en implementar la medida de presión, con ayunos indefinidos que continuarán hasta que el Gobierno responda a su demanda. La organización indicó que esta acción busca proteger los derechos e intereses de las futuras generaciones ante la aplicación de políticas consideradas como desfavorables para el sector social.
Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), señaló que el decreto transfiere facultades al Ejecutivo, limitando la supervisión que anteriormente correspondía a la Asamblea Legislativa. Según Argollo, esto afecta directamente la capacidad de control sobre inversiones en minería y litio, así como sobre los movimientos de fondos gestionados por el Banco Central.
Asimismo, la COB informó que otros sectores, incluido el Magisterio Urbano, se sumarán a la protesta mediante piquetes de huelga de hambre. Andrés Paye, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), indicó que las acciones se mantendrán incluso durante los feriados y sin importar las condiciones climáticas, reforzando la continuidad de la movilización a nivel nacional.
Durante esta jornada, transportistas en la ciudad de La Paz se sumaron a las movilizaciones, marchando desde la zona sur hacia el centro de la ciudad, lo que generó congestión en arterias principales. Esta participación refleja la coordinación de distintos sectores sociales en rechazo al decreto, sumando fuerza a las demandas por la derogación del DS 5503.
Por su parte, los ministros de Economía y Desarrollo Productivo, Gabriel Espinoza y Oscar Justiniano, emitieron declaraciones desde Santa Cruz, calificando las protestas de motivadas por intereses políticos y reiterando la defensa de la normativa como parte del modelo económico vigente. Las autoridades destacaron que la medida sindical busca mantener procedimientos antiguos de control económico y critican la huelga como un mecanismo de presión que no considera la visión integral del Gobierno.
