La medida cautelar emitida por el TCP detiene la resolución de un juez de Coroico y preserva el equilibrio institucional en medio de un escenario electoral clave.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió otorgar una medida cautelar que impide, de manera temporal, que la magistrada Fanny Coaquira Rodríguez sea removida de su cargo como miembro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en representación del departamento de La Paz. La acción frena la ejecución de una orden emitida por un juez del municipio de Coroico, que instruía el retiro de su credencial.
La solicitud fue presentada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteuffel, quien alertó sobre los efectos negativos que tendría la destitución de Coaquira en plena organización de las Elecciones Generales, previstas para el 17 de agosto. La Comisión de Admisión del TCP, integrada por los magistrados Elizabeth Cornejo Gallardo, Yván Espada Navía y Edson Dávalos, admitió la solicitud y emitió la medida por unanimidad.
Según la magistrada Cornejo, presidenta de la Comisión, esta decisión no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino una respuesta preventiva que busca evitar la ruptura de la institucionalidad judicial mientras se resuelve el caso conforme a los procedimientos constitucionales.
En conferencia de prensa, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado Zamorano, recordó que la Carta Magna boliviana establece que los órganos del poder público deben regirse bajo los principios de independencia, separación, coordinación y cooperación. “Solo cuando se respeta ese equilibrio, se protege la democracia y los derechos del pueblo boliviano”, indicó.
Por su parte, el magistrado Yván Espada advirtió que en el actual contexto de crisis política y social, cualquier decisión que afecte la estructura del sistema judicial debe ser analizada con suma cautela. “El país no puede permitirse debilitar su institucionalidad en medio de un proceso electoral”, sostuvo.
El magistrado Dávalos agregó que permitir el retiro de la credencial sin la intervención del TCP hubiese sentado un precedente peligroso de judicialización política. “Estamos aquí para asegurar que toda acción contra una autoridad sea revisada a la luz de la Constitución y no bajo presiones coyunturales”, afirmó.
La resolución obliga al TSE a mantener la validez de la credencial de Fanny Coaquira, habilitándola legalmente a seguir cumpliendo sus funciones dentro del TSJ mientras se resuelve el fondo del caso en revisión.
El TCP hizo un llamado a todas las autoridades del Estado para que actúen con respeto a los marcos legales y las competencias establecidas. La medida busca evitar el conflicto de atribuciones entre órganos y resguardar la institucionalidad democrática.