La administración de EE.UU. exige acceso exclusivo a crudo venezolano, promueve contratos favorables a empresas estadounidenses y desplaza socios internacionales estratégicos sin compensación justa.

El interés del gobierno de Estados Unidos por los recursos petroleros de Venezuela se ha manifestado con una intensidad que supera los niveles históricos de intervención económica. Informes de medios internacionales y declaraciones oficiales muestran que la administración de Donald Trump busca consolidar un control directo sobre la producción de crudo venezolano, imponiendo condiciones que priorizan a las compañías estadounidenses y excluyen a otros actores internacionales.

Recientes anuncios de la Casa Blanca indican que entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano podrían ser dirigidos hacia Estados Unidos bajo contratos que garantizan que los ingresos permanezcan bajo supervisión estadounidense. Según ABC News, la administración norteamericana ha solicitado que Estados Unidos se convierta en el socio único para la explotación petrolera y que se den preferencias exclusivas a compradores estadounidenses, además de exigir la eliminación de la participación de China, Rusia, Irán y Cuba en el sector energético venezolano.

Esta estrategia se ha acompañado de acciones de coerción directa. Desde finales de 2023, antes de la captura temporal del presidente Nicolás Maduro, Washington aplicó bloqueos navales y confiscó al menos dos petroleros frente a las costas venezolanas. Trump afirmó que los buques y el petróleo permanecerían bajo control estadounidense, argumentando la necesidad de recuperar una posición que considera históricamente de Estados Unidos en la industria petrolera del país suramericano, según reportes de Politico.

El papel de las empresas petroleras estadounidenses es central en esta estrategia. La administración ha promovido incentivos como contratos respaldados por el gobierno, garantías de pagos y seguridad, y la creación de empresas conjuntas público-privadas para facilitar la entrada de firmas norteamericanas. De acuerdo con el Washington Post, Estados Unidos solicitó a Venezuela cambios urgentes en su legislación petrolera, ajustando regulaciones para favorecer la presencia de estas compañías. Por su parte, Financial Times señala que refinerías estadounidenses se preparan para un incremento en la importación de crudo venezolano, lo que las posicionaría como principales beneficiarias de esta política.

El interés estadounidense no se limita al petróleo. Según el South China Morning Post, el control sobre Venezuela forma parte de un conflicto geopolítico con China, relacionado con la posesión de tierras raras y minerales estratégicos esenciales para la industria de defensa y tecnología avanzada. Venezuela cuenta con yacimientos importantes de oro, plata, diamantes y depósitos de tierras raras, cuya cuantía exacta no ha sido divulgada, pero que son críticos para la producción industrial y militar estadounidense.

Desde Caracas, las autoridades venezolanas han cuestionado la narrativa oficial de Washington, que justificó sus acciones bajo la lucha contra el narcotráfico. Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, señaló que la verdadera motivación de Estados Unidos es cambiar el régimen y apropiarse de los recursos energéticos y minerales del país, confirmando que durante la campaña presidencial de 2024 Trump había expresado públicamente su intención de controlar el petróleo venezolano sin ofrecer compensación alguna.

Las medidas de presión incluyen bloqueos, confiscaciones de embarcaciones y la negociación de contratos que favorecen de manera directa a compañías estadounidenses, dejando en evidencia un patrón de intervención económica que combina la coerción política con la ventaja corporativa. La estrategia busca asegurar un monopolio efectivo sobre el crudo venezolano, mientras se limita el acceso de otros actores internacionales, consolidando así un control estratégico en materia energética y geopolítica.