La posición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el tratamiento jurídico del expresidente y exministro de Economía, Luis Arce Catacora, volvió a encender cuestionamientos sobre la coherencia interna y el verdadero alcance de los criterios que definen el uso de juicios de responsabilidades en Bolivia. El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, reafirmó que Arce no puede acogerse a este tipo de proceso porque los hechos investigados corresponden a su gestión como ministro de Economía en 2009, dentro del caso Fondo Indígena, y no a su ejercicio como presidente del Estado. Bajo ese argumento, anunció que el camino procesal será estrictamente ordinario.

Este pronunciamiento, sin embargo, remueve una herida institucional que aún no cicatriza: el caso de Jeanine Añez. En esa oportunidad, el TSJ anuló un juicio ordinario bajo la premisa de que la exautoridad debía ser procesada como expresidenta, pese a que los hechos cuestionados se remontaban a su condición previa como senadora. Ese fallo, defendido por Saucedo y otros magistrados, fue determinante para paralizar procesos que surgían de su llegada al poder, catalogada por diversos sectores como una ruptura del orden constitucional.

La nueva postura adoptada para Arce Catacora genera una sensación de doble criterio. Para Añez, el TSJ extendió la condición presidencial hacia atrás; para Arce, la reduce hacia atrás y desconoce su paso como jefe de Estado. Esa contradicción, que no es técnica sino estructural, vuelve a situar a la justicia en una zona de cuestionamientos profundos sobre su independencia y su consistencia doctrinal.

Arce fue aprehendido en la zona de Sopocachi tras una ampliación de la investigación del caso Fondo Indígena. La Fiscalía sostiene que, como ministro, autorizó desembolsos que habrían terminado en cuentas privadas de dirigentes sociales. Con la imputación ya formalizada, el Ministerio Público pidió su detención preventiva por tres meses en el penal de Qhalauma. El exmandatario permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) mientras aguarda su audiencia judicial fijada para este viernes a las 13:00.

La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció que la aprehensión constituye un “secuestro político disfrazado de acción judicial”, enfatizando que el caso debe ser tratado mediante un juicio de responsabilidades. No obstante, Saucedo insistió en que esa vía no corresponde y que el proceso ordinario es el único mecanismo válido en este escenario.