La resolución del banco paraguayo vuelve a poner bajo observación los controles financieros, los créditos vinculados y la protección de ahorristas, después del colapso que Bolivia enfrentó en 2023.

Gentileza Martín Vásquez
Periodista, Asunción, Paraguay 

La intervención de Ueno Bank en Paraguay ha reabierto una comparación inevitable en la región: la caída del Banco Fassil en Bolivia. Son dos entidades diferentes, de países distintos y con procesos financieros y legales propios. No existe evidencia pública que demuestre una relación empresarial entre ambas, pero sus crisis tienen puntos de contacto que permiten examinar cómo una entidad bancaria puede pasar de una expansión acelerada a una situación que obliga al Estado a intervenir.
En Paraguay, el Banco Central dispuso el 2 de noviembre de 2026 iniciar el procedimiento de resolución de Ueno, después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La autoridad explicó que el deterioro se identificó durante el proceso de regularización y después de realizar ajustes a los estados financieros. La decisión fue adoptada por unanimidad y comunicada el 3 de noviembre.
El anuncio sacudió a una entidad que había alcanzado una presencia masiva en el mercado paraguayo. Ueno comunicaba que atendía a unos tres millones de clientes y administraba entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social. La intervención dejó a millones de usuarios pendientes de las instrucciones para recuperar el acceso a sus depósitos y servicios bancarios.
Dos países, dos intervenciones
En Bolivia, el caso Fassil llegó a un punto crítico en abril de 2023. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero intervino la entidad después de verificar que había incumplido el pago de obligaciones líquidas y exigibles contraídas con sus depositantes. La resolución fue emitida el 25 de abril y la intervención se ejecutó al día siguiente.
La diferencia inmediata entre ambos episodios está en el detonante comunicado por los reguladores. En Fassil, la imposibilidad de atender obligaciones exigibles con los clientes precipitó la intervención. En Ueno, el Banco Central paraguayo señaló como fundamento el desplome del indicador de solvencia, luego de los ajustes efectuados durante la regularización.
Sin embargo, las dos situaciones colocaron en primer plano una misma preocupación: qué ocurrió con los recursos que los bancos recibieron de sus clientes y qué capacidad tienen las autoridades para detectar a tiempo un deterioro que compromete la continuidad de una entidad.
En el caso boliviano, la crisis derivó en investigaciones sobre la administración del banco y la concesión de créditos. La Fiscalía informó en abril de 2024 que continuaban las pesquisas por préstamos otorgados a personas que, según la denuncia presentada por la ASFI, no cumplían los requisitos exigidos. Entre los antecedentes mencionados figuraba un crédito de nueve millones de bolivianos concedido a una joven de 18 años. La investigación también debía establecer el manejo de los fondos y las responsabilidades individuales.
En Paraguay, las observaciones sobre Ueno también alcanzaron a operaciones crediticias con empresas relacionadas con sus propietarios. Esas operaciones forman parte de las revisiones regulatorias y de las investigaciones anunciadas por las autoridades. Su existencia no equivale, por sí sola, a una condena penal ni permite atribuir responsabilidad definitiva a todas las personas o sociedades involucradas.
La coincidencia, por tanto, no está en afirmar que ambos bancos funcionaron de la misma manera, sino en que los dos casos obligan a revisar la calidad de los créditos, la relación entre propietarios y prestatarios y la capacidad de supervisión de los organismos encargados de vigilar el sistema financiero.
LOS AHORRISTAS, EN EL CENTRO DE LA PREOCUPACIÓN
La suerte de los depositantes también muestra diferencias. En Bolivia, después de la intervención de Fassil, se ejecutó un proceso de transferencia de depósitos y cartera a otras entidades financieras. La medida permitió que los clientes fueran atendidos por bancos que recibieron las cuentas y obligaciones transferidas.
En Paraguay, el procedimiento de resolución de Ueno contempla una garantía de hasta 75 salarios mínimos por persona física o jurídica en cada entidad, equivalente a 228,3 millones de guaraníes. El BCP anunció un primer pago de hasta diez millones de guaraníes y señaló que los saldos restantes se cubrirán conforme al calendario que se establezca. Los montos que superen la cobertura legal dependerán de la recuperación de activos y del desarrollo del proceso.
La preocupación es mayor para quienes mantenían sumas superiores a la garantía y para las instituciones que colocaron recursos públicos en el banco. Entre ellas está el Instituto de Previsión Social, que debe reorganizar parte de sus operaciones y recuperar los fondos comprometidos. El organismo aseguró que el pago de las jubilaciones no dependía exclusivamente de los recursos inmovilizados en Ueno.
En Bolivia, la intervención de Fassil también dejó una herida en la confianza de los ahorristas y abrió interrogantes sobre la vigilancia de las operaciones bancarias. La Fiscalía reconoció que el caso requería pericias sobre el manejo de los fondos y que su complejidad prolongaría las investigaciones.
EL COSTO QUE SUPERA A CADA BANCO
La caída de una entidad financiera no termina cuando se cierran sus oficinas o se designan interventores. El impacto se extiende a las empresas que dependían de sus créditos, a los proveedores que cobraban mediante sus cuentas, a los trabajadores que recibían sus salarios y a los clientes que utilizaban sus servicios para realizar operaciones cotidianas.
En Bolivia, Fassil dejó ese problema en una economía que debió reorganizar depósitos y relaciones financieras. En Paraguay, Ueno plantea una dificultad adicional por su tamaño, su base de clientes y la cantidad de recursos públicos que administraba.
El Banco Central paraguayo sostiene que se trata de un caso particular y que no representa una situación generalizada del sistema financiero. Esa evaluación será puesta a prueba por el resultado de la resolución, la recuperación de activos y las investigaciones sobre las operaciones cuestionadas.