La antigua relación empresarial del presidente con el grupo propietario, las inversiones del IPS y las decisiones regulatorias alimentan un pedido opositor de juicio político.
Gentileza Martín Vásquez
Periodista, Asunción, Paraguay
La crisis de Ueno Bank dejó de ser un problema exclusivamente financiero para convertirse en una amenaza política para el presidente de Paraguay, Santiago Peña. La oposición inició el procedimiento para impulsar un juicio político contra el mandatario y el vicepresidente Pedro Alliana, después de que el Banco Central ordenara la resolución de la entidad y salieran a la luz las inversiones públicas realizadas en el banco.
Los cuestionamientos se concentran en las relaciones empresariales que Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno, en la participación de instituciones estatales en el financiamiento de la entidad y en la actuación de las autoridades encargadas de supervisar el sistema financiero.
El 4 de noviembre, diputados opositores y legisladores de la disidencia colorada comenzaron a reunir firmas para presentar el libelo acusatorio contra ambos integrantes del Ejecutivo.
LOS NEGOCIOS ANTERIORES DEL PRESIDENTE
Peña mantuvo una relación empresarial con el grupo propietario de Ueno antes de llegar a la Presidencia. Reuters informó que fue socio comercial del propietario de la entidad hasta marzo de 2025, mientras que EFE señaló que vendió sus participaciones empresariales en abril de ese año.
La relación adquirió relevancia pública en octubre de 2024, cuando se conoció que el IPS había adquirido bonos de Ueno por G. 250.000 millones, equivalentes entonces a unos US$32 millones.
En aquella oportunidad, el mandatario rechazó las acusaciones de conflicto de intereses y calificó las publicaciones periodísticas como una campaña mediática. Desde el banco también se sostuvo que Peña no tenía participación directa en la entidad financiera, aunque sí había sido accionista de Ueno Holding.
La posterior venta de sus participaciones no elimina la necesidad de revisar las decisiones adoptadas durante el período en que existieron esos vínculos. La investigación deberá establecer si hubo beneficios indebidos, intervención de autoridades o utilización de recursos públicos en operaciones que favorecieron al grupo empresarial.
EL DINERO PREVISIONAL EN EL CENTRO DE LAS ACUSACIONES
Uno de los argumentos más importantes del libelo acusatorio está relacionado con las colocaciones del IPS.
La Contraloría había advertido en septiembre que Ueno llegó a concentrar cerca del 19,7% del total de los certificados de depósito de ahorro del instituto, con saldos superiores a G. 1,60 billones en el período examinado.
La oposición sostiene que la concentración de recursos públicos y previsionales favoreció a una entidad cuyos propietarios tenían relaciones empresariales anteriores con el presidente.
El documento acusatorio presentado por los legisladores menciona operaciones por G. 380.000 millones y G. 506.700 millones en certificados de depósito, además de bonos por más de US$32 millones. También cuestiona reuniones entre autoridades públicas y representantes de la institución previsional.
Esas afirmaciones forman parte de los argumentos de los promotores del juicio político y deberán ser contrastadas con los documentos administrativos, las actas del IPS y los registros de las operaciones financieras.
CINCO CAUSALES PLANTEADAS POR LA OPOSICIÓN
El libelo acusatorio contempla cinco ejes: conflicto de intereses y posibles puertas giratorias entre el sector privado y el Estado; manejo de los fondos jubilatorios; presuntos excesos en los límites de crédito; posibles beneficios patrimoniales indebidos y afectación de la confianza en el sistema financiero.
Los legisladores también mencionan al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, al expresidente del Banco Central Carlos Carvallo y a directivos de Ueno.
La renuncia de Carvallo, solicitada por Peña el 3 de noviembre, se convirtió en otro elemento de presión. El funcionario había presidido Ueno antes de asumir el organismo encargado de controlar a los bancos.
La Fiscalía, por su parte, abrió una causa después de recibir la denuncia del Banco Central y ordenó la detención de ocho directivos de la entidad por presuntos delitos financieros.
LOS VOTOS QUE NECESITA EL JUICIO POLÍTICO
La Constitución paraguaya establece que el juicio político comienza en la Cámara de Diputados, donde se debe aprobar la acusación por dos tercios de los votos de sus integrantes. Posteriormente, el Senado actúa como tribunal y puede resolver la destitución.
La oposición necesita 53 votos para avanzar con la acusación. Según ABC Color, los promotores calculaban inicialmente con 36 legisladores opositores y disidentes, una cantidad insuficiente sin el apoyo de integrantes del oficialismo.
Al 4 de noviembre, la iniciativa había reunido 21 firmas, mientras algunos diputados colorados señalaban que todavía evaluaban su posición. El oficialismo mantiene una mayoría que puede impedir que el proceso alcance los votos necesarios.
Peña también enfrenta cuestionamientos por la respuesta del Ejecutivo y por el alcance de las decisiones que permitieron la exposición de recursos públicos. La crisis obligó al Gobierno a buscar una salida legislativa para proteger los depósitos y atender las reclamaciones de los ahorristas.
