La devolución del proyecto a Diputados volvió a extender el trámite legislativo mientras crecen las protestas sociales y las críticas contra la Asamblea por retrasar una demanda instalada en las calles.
La Asamblea Legislativa volvió a quedar en el centro de las críticas luego de que la Cámara de Senadores aprobara con cambios el proyecto de abrogación de la Ley 1720 y devolviera la norma a Diputados, una decisión que amplía los tiempos parlamentarios y mantiene abierto un conflicto que ya provocó movilizaciones, marchas y bloqueos en varias regiones del país.
La expectativa de los sectores movilizados apuntaba a una sanción inmediata de la norma para cerrar el conflicto; sin embargo, el Senado optó por incorporar dos disposiciones transitorias que obligan a reiniciar el análisis legislativo en la Cámara Baja. La determinación fue interpretada por organizaciones sociales y algunos legisladores como una nueva señal de demora dentro de la Asamblea Legislativa.
La sesión se desarrolló en medio de presión social y con presencia de marchistas indígenas y campesinos de Pando y Beni, quienes llegaron hasta La Paz exigiendo la eliminación definitiva de la Ley 1720. Afuera del hemiciclo, las protestas continuaban mientras en el interior del Senado se prolongaban las intervenciones y observaciones al proyecto.
El presidente del Senado, Diego Ávila, confirmó la devolución de la norma a Diputados al señalar: “Queda aprobada la presente ley, por tanto debe ser devuelta a la Cámara de Diputados para considerar las modificaciones introducidas en esta Cámara”. Posteriormente declaró un cuarto intermedio hasta este miércoles.
La medida dejó molestia entre sectores movilizados, que consideran que la Asamblea continúa alargando una definición que pudo resolverse sin observaciones adicionales. El retorno del proyecto a Diputados implica nuevas revisiones, posibles ajustes y otro proceso de votación antes de concretar la abrogación definitiva.
Las modificaciones introducidas por el Senado establecen que, en un plazo no mayor a 60 días, ambas cámaras deberán construir un nuevo marco normativo orientado a regular procedimientos técnicos, administrativos y legales para la pequeña propiedad agraria, preservando la exclusión de áreas protegidas.
El texto también señala que el futuro proceso deberá contar con participación de entidades nacionales y departamentales con representatividad legalmente acreditada. Para varios sectores sociales, estos añadidos terminan trasladando la discusión hacia nuevos escenarios políticos y técnicos mientras el conflicto permanece activo.
Durante la sesión, el senador Wilder Veliz cuestionó la devolución del proyecto y afirmó que se estaba “jugando” con los marchistas que llegaron a la sede de gobierno esperando una solución inmediata.
Pese a las observaciones, el tratamiento fue aprobado por mayoría tanto en grande como en detalle. No obstante, el procedimiento parlamentario volvió a instalar cuestionamientos sobre la capacidad de la Asamblea para responder con rapidez a conflictos sociales de alta sensibilidad.
La senadora Claudia Mallon sostuvo que grupos “ultrarradicales” distorsionaron el espíritu de la norma, mientras el senador Branko Marinkovic respaldó la abrogación y anunció que impulsará una nueva propuesta regionalizada.
Horas antes, la Cámara Agropecuaria del Oriente aceptó la abrogación como una medida destinada a reducir la conflictividad social.
