Campesinos, productores y organizaciones sociales decidieron marchar hacia La Paz para denunciar la crisis económica, el endeudamiento externo y las medidas gubernamentales que, según afirman, castigan al pueblo boliviano.
La decisión de marchar desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz no surgió de un cálculo político aislado. Nació del malestar acumulado en sectores campesinos, productores y organizaciones sociales que aseguran sentirse abandonados frente al incremento del costo de vida, la caída de ingresos y la falta de respuestas del gobierno de Rodrigo Paz ante la crisis económica que atraviesa el país.
El ampliado nacional de EVO–PUEBLO, realizado bajo la conducción del expresidente Evo Morales, resolvió activar una movilización entre el 12 y el 18 de mayo. La medida busca trasladar hasta la sede de Gobierno el reclamo de sectores que sostienen que las decisiones económicas del Ejecutivo están golpeando directamente a las familias trabajadoras.
Durante la lectura de la resolución, uno de los dirigentes afirmó que la marcha representa una defensa de la economía popular y una respuesta frente a medidas que, según denuncian, favorecen la importación de productos extranjeros mientras la producción nacional enfrenta dificultades para mantenerse.
La molestia expresada en el encuentro tuvo varios ejes. Uno de ellos fue el rechazo a cualquier posibilidad de privatización de empresas estatales consideradas estratégicas. Las organizaciones movilizadas sostienen que las empresas públicas no pueden convertirse en mercancía en un momento donde miles de familias viven incertidumbre económica y reducción de oportunidades laborales.
El documento aprobado también cuestiona el creciente endeudamiento externo. Los sectores reunidos consideran que el Gobierno apuesta nuevamente por créditos internacionales mientras productores y pequeños comerciantes enfrentan problemas diarios para sostener sus actividades.
“Rechazamos de manera enérgica que el gobierno de Rodrigo Paz pretenda convertir el endeudamiento externo en la única salida a la profunda crisis económica que vive Bolivia”, señala parte del pronunciamiento aprobado por el ampliado.
La movilización también incorporó demandas concretas relacionadas con créditos blandos y alivio tributario para productores. Los asistentes denunciaron que muchas familias ya no pueden cubrir costos básicos debido al encarecimiento de alimentos, combustibles e insumos agrícolas. Según dirigentes presentes en el encuentro, la situación es más grave en regiones rurales, donde la producción disminuyó y el acceso a mercados se volvió más complicado.
Otro de los temas que provocó fuerte rechazo fue la intervención policial registrada en Caranavi. Las organizaciones exigieron investigaciones y denunciaron abusos durante los operativos desarrollados en esa región. Para los asistentes, la respuesta estatal frente a las protestas sociales ha sido la presión policial antes que el diálogo con los sectores movilizados.
El ampliado además ratificó su respaldo a Evo Morales y denunció una supuesta persecución política contra EVO–PUEBLO. Los participantes consideran que existe un intento de excluir políticamente al exmandatario y debilitar a las organizaciones sociales que lo respaldan.
Mientras desde el Gobierno y sectores políticos acusan a Evo Morales de promover medidas para desestabilizar al país, las organizaciones movilizadas sostienen que la protesta surge de una realidad que se vive diariamente en mercados, comunidades y centros productivos. Aseguran que la marcha buscará mostrar el descontento de miles de personas que sienten que la crisis económica sigue creciendo mientras las respuestas oficiales no llegan a quienes más lo necesitan.
