El ingreso de la Marcha por la Vida desató advertencias de detenciones y posibles intervenciones policiales. Sectores movilizados denuncian intimidación estatal y creciente persecución contra dirigentes y manifestantes.

La ciudad de La Paz ingresó este lunes en una jornada marcada por la tensión política y el temor a nuevos enfrentamientos, luego de que el Gobierno nacional y la Policía Boliviana lanzaran advertencias directas contra los sectores sociales que participan de la denominada “Marcha por la Vida”, movilización que exige respuestas a la crisis económica y la renuncia del presidente.
Las declaraciones oficiales, emitidas horas antes del arribo de las columnas de marchistas provenientes del altiplano, fueron interpretadas por organizaciones sociales como un intento de intimidar a la población movilizada. Dirigentes y participantes denunciaron que el Ejecutivo busca instalar un clima de miedo utilizando acusaciones vinculadas al uso de explosivos y amenazas de detenciones masivas.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, afirmó que el derecho a la protesta no autoriza la comisión de delitos y advirtió que cualquier persona vinculada al uso de explosivos será procesada. La autoridad presentó a un hombre acusado de trasladar material explosivo presuntamente destinado a manifestantes que avanzan hacia La Paz.
Según el reporte oficial, durante los operativos fueron secuestrados aproximadamente 200 metros de mechas y otros elementos considerados peligrosos. Sin embargo, desde sectores movilizados surgieron cuestionamientos sobre la forma en que el Gobierno expuso el caso públicamente en vísperas de una protesta masiva, señalando que se intenta asociar toda la movilización social con hechos violentos aislados.
“Todos tienen derecho a marchar, perfecto, pero no tienen derecho a cometer delitos”, sostuvo Paredes. La autoridad también anunció que el Gobierno solicitará sanciones contra cooperativas o empresas mineras cuyos explosivos sean utilizados en protestas.
Mientras tanto, miles de personas continúan avanzando hacia la sede de gobierno impulsadas por el malestar generado por la escasez de combustibles, el incremento del costo de vida y el desgaste económico que golpea a las familias bolivianas. En distintos puntos del recorrido, los manifestantes denunciaron vigilancia policial permanente y controles instalados en carreteras y accesos urbanos.
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, aseguró que los operativos realizados durante el fin de semana se ejecutaron sin armas letales, aunque dejó abierta la posibilidad de intervenciones si se producen disturbios.
“La Policía Boliviana está para preservar la vida. No queremos hacer uso de la fuerza, pero de ser necesario tendremos que hacerlo de manera progresiva, legal y proporcional”, declaró Sokol.
Las palabras del jefe policial incrementaron la preocupación entre familiares y participantes de la marcha, especialmente por antecedentes de enfrentamientos registrados en conflictos anteriores. Organizaciones sociales recordaron que numerosas movilizaciones en Bolivia terminaron con heridos y detenidos tras intervenciones policiales.