La preocupación crece en el trópico cochabambino luego de rumores sobre una intervención policial. El Gobierno reconoció una orden judicial pendiente, pero negó una acción inmediata contra Evo Morales.

La situación en el Chapare continúa marcada por la tensión y la vigilancia de organizaciones sociales que permanecen movilizadas ante el temor de una posible aprehensión del expresidente Evo Morales. Los rumores aumentaron después del apagón registrado la noche del miércoles y de las denuncias realizadas por sectores afines al exmandatario.
En medio de ese escenario, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que no existe una instrucción inmediata desde el Ejecutivo para ejecutar una captura contra Morales, aunque confirmó que el proceso judicial abierto en su contra sigue vigente.
“Claramente no es que tenemos ahorita una instrucción para hacerlo”, afirmó la autoridad, al referirse a las versiones que circularon en las últimas horas sobre un eventual operativo en el trópico de Cochabamba.
Lupo sostuvo que la orden judicial corresponde al ámbito de la justicia y señaló que cualquier acción futura deberá ser definida por instituciones como la Policía, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno. Según explicó, esas instancias serán las encargadas de determinar cuándo y cómo proceder, si las condiciones lo permiten.
Las declaraciones se conocieron mientras continúan los bloqueos y puntos de control instalados por organizaciones cocaleras y sectores sociales que respaldan a Morales. Dirigentes de la región sostienen que existe una estrategia para cercar políticamente al exmandatario y denunciaron un clima de presión permanente sobre el Chapare.
El ministro también atribuyó parte de la conflictividad a sectores cercanos al líder del MAS, a quienes acusó de intentar utilizar las movilizaciones para generar mayor tensión política en el país.
Sin embargo, desde las organizaciones movilizadas se insiste en que las protestas responden al rechazo social frente a la situación económica y a las acciones asumidas por el Gobierno contra dirigentes y sectores afines a Evo Morales.