Por Mahmoud Hamoudi Elalwani, Embajador del Estado de Palestina en Bolivia
Tras llevar a cabo una investigación, Amnistía Internacional, en un informe sin precedentes ha encontrado elementos suficientes para llegar a la conclusión de que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada. Israel ha venido sumiendo a la población palestina de Gaza en un infierno de destrucción sin ningún pudor, continuamente y con absoluta impunidad.
El informe de Amnistía Internacional demuestra que Israel ha llevado a cabo actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio, con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza. Entre ellos figuran: matanza de miembros de la población palestina de Gaza, lesión grave a su integridad física o mental y sometimiento intencional de ella a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física. Para determinar la intención específica israelí de destruir físicamente a la población palestina de Gaza, como tal, Amnistía Internacional analizó el patrón general de conducta de Israel en Gaza; examinó declaraciones deshumanizadoras y genocidas de autoridades israelíes del gobierno y militares, en particular las hechas por los más altos cargos, y consideró el contexto del sistema de apartheid de Israel, su bloqueo inhumano de Gaza y los 57 años de ocupación militar ilícita del territorio palestino.
La secretaria general de Amnistía Internacional Agnès Callamard, ha explicado: “Mes tras mes, Israel ha tratado a la población palestina de Gaza como un grupo infrahumano que no merece derechos humanos ni dignidad, demostrando así su intención de causar su destrucción física”, “Nuestras fulminantes conclusiones deben servir de llamada de atención a la comunidad internacional: lo que está ocurriendo es genocidio. Hay que ponerle fin ya”.
“Los Estados que continúen transfiriendo armas a Israel en este momento deben saber que están incumpliendo su obligación de impedir el genocidio y se arriesgan a ser cómplices de él”. Todos los Estados con influencia sobre Israel, en particular los que suministran armas, como Estados Unidos y Alemania, pero también otros Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido y otros países, deben tomar ya medidas para poner fin de inmediato a las atrocidades de Israel contra la población palestina de Gaza”, “Los gobiernos deben dejar de fingir que son impotentes para poner fin a este genocidio, que ha sido posible cometer gracias a decenios de impunidad de las violaciones israelíes del derecho internacional. Los Estados deben dejar de limitarse a expresar su pesar o consternación y pasar a la acción con medidas internacionales enérgicas y continuadas, por mucho que la conclusión de que se ha cometido genocidio pueda incomodar a algunos de los aliados de Israel” ha afirmado Agnès Callamard.
“La inacción absoluta y vergonzosa de que ha dado muestras la comunidad internacional durante más de un año a la hora de presionar a Israel para que ponga fin a sus atrocidades en Gaza —primeramente, con su tardanza en pedir un alto el fuego, y después, con las continuas transferencias de armas— es y seguirá siendo una mancha que empaña nuestra conciencia colectiva”, “Las órdenes de detención que la Corte Penal Internacional dictó el mes pasado contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, de Israel por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ofrecen verdaderas esperanzas de hacer por fin justicia a las víctimas. Los Estados deben demostrar su respeto por la decisión de la Corte Penal Internacional y por los principios universales del derecho internacional deteniendo y entregando a las personas requeridas por la Corte”. “Pedimos a la Fiscalía de la Corte que se plantee con urgencia añadir el genocidio a la lista de crímenes que está investigando e instamos a todos los Estados a utilizar todas las vías legales posibles para llevar a los perpetradores ante la justicia. No se debe permitir a nadie cometer genocidio y quedar impune”, ha manifestado Agnès Callamard.
“Nuestra investigación revela que, durante 14 meses, Israel ha seguido cometiendo actos genocidas, plenamente consciente del daño irreparable que estaba causado a la población palestina de Gaza. Lo ha hecho desafiando incontables advertencias sobre la catastrófica situación humanitaria y en contra de las decisiones jurídicamente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, en las que se ordena a Israel tomar de inmediato medidas para posibilitar la prestación de asistencia humanitaria a la población civil gazatí”, “Teniendo en cuenta el contexto preexistente de desposesión, apartheid y ocupación militar ilícita en que se cometieron tales actos, sólo podíamos extraer una conclusión razonable, a saber: La intención de Israel es la destrucción física de la población palestina de Gaza”, ha añadido Agnès Callamard.
Desde octubre de 2023, Amnistía Internacional ha realizado investigaciones a fondo sobre las múltiples violaciones del derecho internacional y crímenes previstos en él que las fuerzas israelíes han cometido, entre los que figuran ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil y ataques deliberadamente indiscriminados, así como otros ataques ilegítimos y castigos colectivos infligidos a la población civil. Durante los últimos dos meses, la crisis se ha vuelto especialmente grave en la gobernación de Gaza del Norte, donde una población sitiada se enfrenta al hambre, el desplazamiento y la aniquilación en medio de bombardeos incesantes y restricciones sofocantes de la ayuda humanitaria vital.
Israel impuso en Gaza unas condiciones de existencia que generaron una mezcla mortal de desnutrición, hambre y enfermedades y dejaron a la población palestina expuesta a sufrir una muerte lenta y calculada. También sometió a centenares de gazatíes a detención en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos. La brutal ofensiva militar israelí había matado a más de 45.000 personas palestinas, entre ellas más de 13.300 niños y niñas, y herido a más de 106.000, en muchos casos en ataques directos o deliberadamente indiscriminados, que a menudo aniquilaron a familias enteras formadas por varias generaciones. Ha causado una destrucción sin precedentes, que se produjo, según especialistas en la materia, a una escala y una rapidez nunca vistas y se llevó a cabo arrasando ciudades enteras y destruyendo infraestructura esencial, terrenos agrícolas y lugares de carácter cultural y religioso. Debido a ello, grandes extensiones de Gaza quedaron inhabitables.
Después del 7 de octubre de 2023, Israel impuso un asedio total a Gaza y cortó el suministro de electricidad, agua y combustible, Israel mantuvo un bloqueo ilícito sofocante, ejerció un control estricto del acceso a fuentes de energía, no facilitó un acceso humanitario significativo dentro de Gaza y obstaculizó la importación y la distribución de productos esenciales y ayuda humanitaria. Debido a ello se agravó la crisis humanitaria ya existente. Estas medidas, sumadas a los extensos daños causados a viviendas, hospitales, sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento y terrenos agrícolas gazatíes, así como al desplazamiento forzado masivo, hicieron que el hambre llegara a extremos catastróficos y que las enfermedades se propagaran a un ritmo alarmante. Los efectos se hicieron sentir especialmente entre los niños y niñas de corta edad y las mujeres embarazadas y lactantes, con consecuencias previsibles para su salud a largo plazo.
Una y otra vez, Israel obligó a casi 1,9 millones de personas –el 90% de población gazatí– a desplazarse en condiciones inhumanas a reductos inseguros y cada vez más pequeños, en algunos casos hasta 10 veces. Estas múltiples oleadas de desplazamiento forzado dejaron a gran número de gazatíes sin trabajo y con profundos traumas, especialmente porque un 70% de las personas que viven en Gaza son refugiadas o descendientes de familias refugiadas cuyas ciudades y pueblos fueron sometidos por Israel a una limpieza étnica durante la Nakbah de 1948. A pesar de la rapidez con que las condiciones iban dejando de ser aptas para la vida humana, las autoridades israelíes se negaron a adoptar medidas que habrían protegido a la población civil desplazada y garantizado la satisfacción de sus necesidades básicas, poniendo así de manifiesto que sus acciones eran deliberadas.