En Bolivia, los buscadores de oro cavan cráteres y envenenan los ríos del Parque Nacional Madidi, un tesoro natural que se extiende desde los Andes hasta el Amazonas. La agricultura intensiva, por su parte, está devastando los bosques del país, como la Chiquitania, el mayor bosque seco del mundo. Los incendios provocados, en su mayoría, para desbrozar ilegalmente se convierten a menudo en fuegos incontrolables que dejan detrás desiertos de tierra quemada. 

Los 60 millones de hectáreas de la Amazonía boliviana, que abarcan parte de los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, concentran algunas de las zonas más biodiversas de la cuenca amazónica. Pero la Amazonía boliviana suele caer en el olvido, ya que otros países reciben la mayor parte de la atención internacional, aunque el país solo es superado por Brasil en términos de pérdida de bosques. 

En 2022, Bolivia registró los niveles de deforestación más altos de su historia, con una pérdida total de 245.177 hectáreas de bosque primario, que equivalen al 12,4% de la deforestación de toda la Amazonía para ese año. Para ponerlo en perspectiva, las regiones amazónicas de Colombia y Perú, que juntas forman un territorio de unos 127 millones de hectáreas, es decir, algo más del doble que Bolivia, representaron solo el 12,2%, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una red dedicada al seguimiento de la deforestación en la región. 

La mayor parte de la deforestación de la Amazonía boliviana se debe a la extracción de oro y al desmonte generalizado de tierras para la agroindustria.  En otros países amazónicos, estas actividades son ilegales o al menos están reguladas.

Bolivia, en apariencia, tiene leyes destinadas a frenar la destrucción ambiental. Pero la realidad es que los actores implicados en la deforestación no son perseguidos por el gobierno gracias a su poder e influencia. Las cooperativas mineras de oro, los cultivadores de soya y los ganaderos gozan de una indulgencia extraordinaria. Se aprovechan de los vacíos de poder, las lagunas jurídicas, las normativas incoherentes o contradictorias y la escasa aplicación de las leyes, y utilizan medios legales e ilegales para reclamar vastas extensiones de bosque en beneficio de sus intereses económicos. 

El ámbito de lo legal “es muy amplio, y la voluntad de hacer cumplir las leyes existentes es mucho menor que en otros países amazónicos”, afirmó Cecilia Requena, senadora del Partido Comunidad Ciudadana de Bolivia y presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente. “Al mismo tiempo, la ilegalidad significativa no está clasificada como crimen organizado”, afirmó Requena, quien ha sufrido agresiones físicas y amenazas durante sus viajes de investigación a la región amazónica.

Gran parte del inmenso departamento boliviano de Santa Cruz, que abarca un tercio del país, arde cada año. Los especuladores talan y queman los bosques, a sabiendas de que la agencia gubernamental de titulación de tierras les otorgará más tarde concesiones. Los agricultores producen soya y carne de vacuno en las tierras deforestadas. Venden a comerciantes de materias primas cuya debida diligencia con sus proveedores es, en el mejor de los casos, limitada.  Siempre ávidos de nuevas extensiones de tierra, los agricultores se adentran en la Amazonía de Bolivia, rodeando territorios indígenas e invadiendo reservas.  

Al mismo tiempo, las cooperativas mineras de Bolivia emplean maquinaria pesada y enormes dragas para excavar los cursos de agua del Amazonas en busca de oro.  En algunos casos, las cooperativas, que empezaron como simples sindicatos, pero se han convertido en entidades más poderosas, sirven de cubierta a chinos, colombianos y otros extranjeros que subvencionan ilegalmente las actividades mineras.  Se sabe que los exportadores sacan del país oro de procedencia desconocida, lavándolo en el camino.  

Con el auge de la extracción de oro en Bolivia, también han aumentado las importaciones de mercurio, que se utiliza para separar el oro de los sedimentos.  Bolivia firmó hace una década el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un tratado de Naciones Unidas mediante el cual más de 100 países se comprometieron a reducir su contaminación por mercurio. Pero el gobierno boliviano sigue permitiendo una afluencia desinhibida del metal tóxico, eludiendo incluso normas básicas, como exigir que los importadores estén certificados. 

El país es, de lejos, el mayor importador de mercurio de América.  Hasta hace poco, el primer proveedor de Bolivia era México, pero ahora es Rusia, que no ha ratificado el tratado de Minamata. 

El aumento de las importaciones ha alimentado un intenso comercio de mercurio de contrabando. Las botellas que contienen mercurio se transportan a través de las fronteras terrestres y fluviales a Perú y Brasil, cuyas regiones amazónicas están experimentando actualmente la fiebre del oro ilegal. El uso generalizado de mercurio por parte de mineros está contaminando ríos y bosques, y significa una amenaza importante para la vida de los pueblos indígenas.  

La tala ilegal, aunque no está extendida a escala industrial como la minería y la agricultura, también ha provocado importantes pérdidas en la selva amazónica de Bolivia. Los parques y reservas nacionales poco vigilados son especialmente vulnerables.  Las redes de traficantes roban madera mara, una especie de caoba valiosa, que luego se envía de contrabando a Perú y Brasil para su exportación. Además, Bolivia tiene un mercado nacional de madera de origen ilegal. 

La fauna silvestre de Bolivia también está siendo depredada. Los jaguares en particular son cazados para adquirir sus partes, que son muy apetecidas en Asia.  La construcción de carreteras por empresas chinas a través de la Amazonía boliviana ha abierto el camino a nuevas incursiones de los comerciantes de jaguares. Grupos ambientalistas han documentado incautaciones de cientos de colmillos y garras de estos felinos en cargamentos con destino a China, a través de redes gestionadas desde restaurantes y tiendas de propiedad china. 

Canarios, cacatúas, loros y otras aves se venden en los mercados locales y se introducen de contrabando en los países vecinos para el comercio de mascotas. Las tortugas de río están amenazadas por la desenfrenada caza furtiva de sus huevos y su carne.  

Además, el interior amazónico de Bolivia se ha convertido en un corredor de narcotráfico hacia Brasil. En los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz han surgido campamentos primitivos para la producción de cocaína en medio de reservas forestales.  Los residuos del procesamiento, que incluyen gasolina y productos químicos contaminantes, se vierten en los ríos. Pistas de aterrizaje excavadas en los bosques sirven a las avionetas que despegan de Perú. 

Aunque el cultivo de coca para consumo es legal en Bolivia, la superficie dedicada a su cultivo ha superado las 22.000 hectáreas permitidas oficialmente por el gobierno, alcanzando unas 29.900 hectáreas en 2022. Casi 500 hectáreas de coca se cultivan en reservas indígenas y naturales. Se calcula que el tráfico ilegal de drogas en Bolivia alcanza los US$2.000 millones anuales. 

La intersección entre los delitos ambientales y las organizaciones criminales en Bolivia no está tan firmemente establecida como en lugares como Colombia, donde los grupos armados no estatales están sumando los delitos ambientales a una larga lista de actividades relacionadas con las drogas.  Pero en Bolivia, podrían surgir oportunidades para un nexo de este tipo, por ejemplo, según varios expertos, se sospecha que los beneficios del tráfico de cocaína en Colombia financian las operaciones de extracción de oro en Bolivia. 

La lucha contra los delitos ambientales en Bolivia requiere algunas de las mismas medidas que necesitan otros países amazónicos de la región, como mejorar la aplicación de la ley en las zonas protegidas e impedir el tráfico de madera, mercurio, fauna silvestre, oro ilegal y el tráfico de tierras relacionado con la agresiva expansión agrícola a ambos lados de la frontera entre Bolivia y Brasil. También debe combatirse la corrupción que facilita los delitos ambientales. 

Pero Bolivia presenta un desafío único. Por diseño, las instituciones destinadas a controlar las actividades mineras y agrícolas son débiles e ineficaces, y las penas por delitos ambientales son en su mayoría teóricas. El país debe abordar pronto esta situación si quiere detener la inminente destrucción de su Amazonía. 

*Este artículo forma parte de una investigación conjunta de InSight Crime y el Instituto Igarapé sobre minería ilegal, tráfico de fauna silvestre, madera y drogas en la Amazonia boliviana. Lea los demás capítulos o descargue el PDF completo aquí https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2023/08/2024_05_02_V6_InsightCrime-La-Amazonia-Saqueada-Bolivia_ES-mod-PDF.pdf

Vía InSigth Crime

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