La Asamblea Legislativa Departamental sancionó una norma de 28 artículos que apunta a controlar la actividad minera, combatir operaciones ilegales, restringir el uso de mercurio y exigir mayor participación regional en la administración de recursos.
La Asamblea Legislativa Departamental del Beni aprobó y promulgó en sus tres estaciones la Ley de Gestión Integral de Recursos Mineros, una norma que busca ejercer mayor control sobre la explotación minera en el departamento, especialmente sobre las actividades auríferas que durante años fueron cuestionadas por denuncias de contaminación ambiental y problemas en la distribución de regalías.
La información fue confirmada por el presidente de la Asamblea, Iván Flores, quien destacó que la nueva legislación establece mecanismos para supervisar la actividad extractiva y fortalecer la participación departamental en la administración de los recursos generados por este sector.
PROHIBICIÓN DEL MERCURIO
Uno de los aspectos centrales de la ley es la restricción al uso de mercurio en actividades mineras. Según Flores, la medida responde a la preocupación existente por los efectos que este elemento estaría provocando en poblaciones asentadas cerca de zonas de explotación aurífera.
“Esta norma consta de 28 artículos, y prohíbe el uso de mercurio”, señaló la autoridad al referirse al contenido de la nueva legislación.
La preocupación se concentra principalmente en los ríos benianos, donde desde hace varios años instituciones públicas, organizaciones indígenas y actores locales han expresado observaciones sobre los impactos ambientales derivados de la extracción de oro.
Flores sostuvo que existen comunidades indígenas que ya enfrentan afectaciones relacionadas con la presencia de este contaminante, razón por la que la ley incorpora medidas orientadas a limitar su utilización dentro del territorio departamental.
MÁS CONTROL SOBRE LOS RECURSOS
La norma también establece disposiciones vinculadas a la administración de regalías mineras. De acuerdo con el presidente de la Asamblea, uno de los propósitos es corregir las deficiencias registradas durante años en el manejo de los ingresos provenientes de la explotación de recursos minerales.
“Se busca triplicar los ingresos departamentales por regalías”, afirmó.
En ese marco, la ley plantea una mayor coordinación con entidades nacionales vinculadas al sector minero, entre ellas la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y el Servicio Geológico Minero (Sergeomin), las cuales deberán reportar información relativa a la actividad desarrollada en el departamento.
PRESENCIA EN ZONAS DE EXPLOTACIÓN
La legislación también prevé acciones directas en áreas consideradas estratégicas por su potencial minero. Entre ellas figuran Cerro San Simón y Cachuela Esperanza, donde las autoridades departamentales pretenden reforzar tareas de fiscalización.
Flores explicó que la intención es mantener presencia institucional en estos puntos y en otras zonas de explotación para identificar operaciones irregulares y mejorar el seguimiento de la actividad minera que se desarrolla en el Beni.
