La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional provocó una inmediata reacción política en el Beni, donde autoridades y sectores institucionales denuncian una maniobra que vulnera límites históricos y amenaza la integridad territorial del departamento.
El reciente dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que autoriza a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz a sesionar en Piso Firme, encendió una inmediata reacción política en el Beni.
El senador Erick Soruco Alpire convocó a toda la institucionalidad del departamento a declararse en emergencia, calificando la decisión como un ataque frontal al territorio beniano y a su integridad histórica.
Soruco afirmó que la sentencia proyecta la idea de que Piso Firme no es parte del Beni, pese a que la normativa histórica y legal del país establece lo contrario.
Según el legislador, el fallo constituye un acto de agravio en plena efeméride departamental y exige una respuesta contundente debido a que una instancia sin competencia en temas de límites está interviniendo en un asunto geográfico consolidado.
El senador sostuvo que la labor del TCP es interpretar y aplicar la Constitución, no legitimar posicionamientos territoriales a pedido de autoridades interesadas.
En ese sentido, criticó que la sentencia constitucional 09/2025-53 haya sido emitida sin evaluar los argumentos benianos y que revocara la resolución 027/2024 sin considerar el análisis de fondo presentado por las autoridades del Beni.
Para Soruco, el fallo inclina deliberadamente la balanza hacia la postura cruceña, vulnerando normas y jurisprudencia que determinan con claridad los límites interdepartamentales.
Recordó que la Ley del 28 de noviembre de 1914, aún vigente, fija cinco vértices precisos que marcan el límite entre Santa Cruz y el Beni, sin dejar margen para interpretaciones discrecionales.
La normativa, promulgada durante el gobierno de Ismael Montes, define el arranque del límite sobre el río Iténez y traza líneas rectas que atraviesan puntos como la cachuela Chapacura y la confluencia del río Negro de Caimanes con el río San Miguel.
Esa delimitación continúa hasta el Puerto de San Pablo y posteriormente a la unión del Chapare con el Guapay, estableciendo un recorrido que incluye, sin lugar a dudas, al territorio de Piso Firme dentro del Beni.
Soruco remarcó que esta ley nunca fue abrogada ni modificada, por lo que su carácter es permanente y de cumplimiento obligatorio.
En esa línea, alertó sobre reportes del Viceministerio de Autonomías que evidencian la alteración de puntos limítrofes, incluyendo la remoción de un bulón instalado por el Instituto Geográfico Militar en la cachuela Chapacura.
De acuerdo con la verificación técnica, pese a la desaparición del marcador físico, los puntos fueron identificados mediante equipos GPS, confirmando su ubicación original.
El senador advirtió que cualquier narrativa que intente desconocer esta delimitación constituye una disputa artificial sin sustento.
Añadió que el gobierno departamental cruceño busca avanzar sobre recursos forestales y, eventualmente, extender la presión hacia zonas como San Simón, una importante reserva aurífera beniana.