Ante el aumento de las tensiones sociales en Bolivia, ambas instituciones demandaron apertura al diálogo, rechazaron toda forma de violencia y pidieron priorizar acuerdos que permitan proteger a la población.

La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo lanzaron una firme convocatoria a la concertación nacional frente al escenario de conflictividad que atraviesa Bolivia. Mediante un pronunciamiento conjunto, ambas instituciones expresaron preocupación por el incremento de las tensiones sociales y alertaron sobre las consecuencias que puede generar la prolongación de los conflictos en distintos puntos del país.
El documento está dirigido a autoridades, dirigentes sociales, sectores movilizados y ciudadanía en general. En él, se plantea que la salida a la actual coyuntura debe construirse a través del entendimiento entre las partes y no mediante mecanismos de presión o confrontación que profundicen las divisiones existentes.
Las entidades remarcaron que el diálogo continúa siendo la herramienta más efectiva para resolver diferencias y encontrar respuestas a las demandas que hoy generan tensión. Según el pronunciamiento, la búsqueda de consensos requiere disposición para escuchar posiciones distintas y voluntad política para alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de la sociedad.
La declaración señala que el entendimiento democrático no puede desarrollarse sin apertura al intercambio de ideas y al reconocimiento de las preocupaciones de los distintos sectores. En ese marco, la Iglesia Católica y la Defensoría sostienen que la construcción de soluciones duraderas depende de la capacidad de generar espacios de encuentro donde prevalezca el interés colectivo.
Uno de los mensajes centrales del pronunciamiento está dirigido a quienes mantienen posiciones inflexibles frente a la posibilidad de instalar mesas de negociación. Ambas instituciones exhortaron a abandonar actitudes que obstaculicen los acercamientos y pidieron asumir una conducta orientada a la búsqueda de acuerdos concretos.
Asimismo, advirtieron que la falta de diálogo termina afectando directamente a la población, que enfrenta las consecuencias de los conflictos en su vida cotidiana. Según el documento, la demora en alcanzar consensos prolonga los problemas existentes y retrasa respuestas que la ciudadanía espera de manera urgente.
La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo también dedicaron una parte importante de su mensaje a rechazar el uso de la violencia. En criterio de ambas instituciones, ninguna manifestación de fuerza o coerción puede convertirse en una solución legítima para resolver disputas sociales o políticas.
Por el contrario, alertaron que los enfrentamientos generan mayores niveles de confrontación, alimentan la polarización y ponen en riesgo derechos fundamentales. En particular, enfatizaron la necesidad de proteger la vida y la integridad de las personas, independientemente de la posición que ocupen dentro del conflicto.
El documento advierte además que las fracturas sociales que dejan los episodios de violencia pueden extenderse durante largos periodos, dificultando la reconstrucción de la confianza entre los distintos sectores de la sociedad.
En ese contexto, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo reiteraron su disposición a colaborar en la creación de espacios de acercamiento y entendimiento. Ambas instituciones consideran que Bolivia necesita gestos de responsabilidad y madurez de parte de todos los actores involucrados para evitar una escalada de la crisis.