El recorte del 24,31 % en el aporte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos afectará la inversión de los 335 municipios al dejar de percibir cerca de Bs 1.400 millones en 2026.

En una comunicación que pone en vilo a las gestiones municipales en Bolivia, la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) reportó que los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinados a los 335 gobiernos municipales caerán a aproximadamente Bs 1.398,8 millones para el año 2026, lo que equivale a una reducción del 24,31 % en comparación al ejercicio anterior.

El director ejecutivo de la AMB, Alfonso Lema, explicó que esta disminución está vinculada al techo presupuestario presentado por el Gobierno para 2026, que fija los ingresos de origen estatal en Bs 10.549,5 millones, de los cuales Bs 8.908,3 millones deberán provenir de la coparticipación tributaria, Bs 1.398,8 millones del IDH y Bs 242,5 millones de patentes forestales y regalías mineras.

Para las ciudades capitales y la urbe de El Alto, el techo presupuestario asignado para 2026 alcanza los Bs 4.988 millones: Bs 4.272 millones provenientes de la coparticipación tributaria, Bs 667 millones del IDH y Bs 49 millones de recaudación propia.

La vulnerabilidad es más evidente aún al observar que el municipio de Santa Cruz tendrá asignados unos Bs 121,5 millones del IDH, convirtiéndose en el más golpeado cuantitativamente por la caída del impuesto. Otros municipios con fuertes pérdidas estimadas son La Paz (Bs 65,48 millones), El Alto (Bs 76,68 millones), Cochabamba (Bs 62,16 millones) y Potosí (Bs 36,32 millones).

Lema advierte que el planteamiento gubernamental de aplicar una fórmula 50/50 para la distribución de recursos entre el Estado central y las municipalidades es “atractiva en el papel”, pero advierte que su aplicación inmediata es poco viable ante el escenario actual. Añadió que se requiere conformar una agenda de trabajo con el próximo Ejecutivo para avanzar en mecanismos clave como el pacto fiscal y nuevos instrumentos de planificación municipal a medio y largo plazo.

Para los municipios, este recorte plantea un desafío tangible: disminuir recursos implica limitar la ejecución de proyectos en servicios básicos, infraestructura y mantenimiento de políticas locales. Alcaldes y equipos técnicos deberán reordenar su planificación para evitar paralizar obras o reducir servicios que afectan directamente a la ciudadanía.

La advertencia en voz de la AMB es que esta merma no solo es un ajuste numérico —es un riesgo para el músculo operativo y social de las municipalidades—. La reducción del IDH no solo debilita la caja municipal, sino que pone en tensión la promesa de una administración local más autónoma y efectiva.