El Ministerio de la Presidencia asume nuevas áreas, absorbe viceministerios enteros y se convierte en eje dominante del Ejecutivo, mientras el Gobierno justifica la concentración bajo principios de eficiencia y austeridad.
La ampliación del Ministerio de la Presidencia, que ahora opera con siete viceministerios tras la disolución de varias carteras, constituye el movimiento más contundente dentro de la reconfiguración del Poder Ejecutivo impulsada por el gobierno de Rodrigo Paz. La cartera, antes concentrada en funciones de coordinación, adquirió un rol expansivo al integrar competencias procedentes de ministerios suprimidos y asumir áreas estratégicas que antes estaban dispersas en el organigrama estatal.
La nueva estructura incorpora a los viceministerios de Coordinación de la Gestión Pública, bajo la dirección de Julio Linares; Coordinación Política y Legislativa, a cargo de Wilson Santamaría; Coordinación con Movimientos Sociales, liderado por René Flores; y Autonomías, conducido por Andrea Barrientos. Estas áreas constituyen el núcleo base desde donde la Presidencia articula relaciones institucionales con actores territoriales, legislativos y sociales, reforzando su capacidad para dirigir procesos políticos y administrativos.
A ellos se suma el Viceministerio de Tierras, aún sin designación oficial, que fue absorbido tras la eliminación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Con esta transferencia, la Presidencia pasa a controlar la administración agraria y la supervisión del INRA, además de la formulación de políticas de territorio y reforma agraria. La decisión concentra responsabilidades que antes dependían de una cartera especializada, trasladándolas a un entorno de mayor influencia política.
El proceso también añadió dos despachos de peso institucional. Yamil García asumió el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, mientras que el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización permanece sin autoridad designada. Ambos espacios comenzaron a integrarse al andamiaje de la Presidencia en medio de una restructuración acelerada que sigue en curso.
Según explicó el vocero Lupo, este rediseño se fundamenta en criterios de austeridad y eficiencia orientados a consolidar un “centro de gobierno” capaz de ofrecer al presidente Paz mecanismos directos de planificación, seguimiento y coordinación con la Asamblea Legislativa y los gobiernos subnacionales. En su criterio, la reorganización permitirá un flujo más ordenado de decisiones y un control más preciso sobre los frentes de gestión estatal.
La supresión del Ministerio de Justicia, formalizada mediante un decreto que —según Lupo— pretende restituir transparencia y seguridad jurídica al sistema, transfirió sus funciones a los nuevos viceministerios dependientes de la Presidencia. Con estos cambios, las tareas vinculadas a derechos humanos, monitoreo institucional y garantías legales quedaron bajo un mando centralizado con mayor incidencia en las decisiones gubernamentales.
La reconfiguración también afectó el aparato comunicacional del Estado: fueron eliminados los viceministerios de Comunicación y de Coordinación y Gestión Gubernamental; se dispuso el cierre del periódico Ahora El Pueblo; y se suspendieron las operaciones de la Agencia Boliviana de Información (ABI). Mientras tanto, el futuro de las Radios de Pueblos Originarios, Radio Patria Nueva y Boliviatv continúa sin definición.
