Organizaciones indígenas y campesinas continúan en vigilia mientras legisladores de Santa Cruz buscan impedir la abrogación de la Ley 1720, cuestionada por beneficiar intereses privados sobre derechos territoriales colectivos.
Las movilizaciones indígenas provenientes de Beni y Pando permanecen instaladas en La Paz bajo un estado de emergencia permanente. La razón es clara: impedir que la Ley 1720 continúe vigente y exigir que el Senado complete la abrogación aprobada días atrás en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el proceso encontró una fuerte resistencia en la representación parlamentaria cruceña, cuyos legisladores decidieron cerrar filas para defender la norma y bloquear cualquier intento de anulación.
La posición asumida por la mayoría de los senadores y parlamentarios de Santa Cruz encendió el malestar de sectores campesinos e indígenas, que denuncian que nuevamente se intenta imponer decisiones sobre la tierra sin escuchar a las comunidades afectadas. Los marchistas sostienen que la ley abrió la puerta a procesos de reconversión territorial que amenazan territorios indígenas y favorecen intereses económicos concentrados.
Desde los campamentos instalados cerca de la sede de gobierno, dirigentes de las organizaciones sociales confirmaron que la vigilia continuará hasta conocer la decisión final del Senado. La aprobación de la abrogación en Diputados fue considerada apenas un primer paso.
“Vamos a seguir en estado de emergencia para que se pueda dar en su totalidad la abrogación de esta ley”, manifestó Víctor Hugo Roca, ejecutivo nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), al ratificar la continuidad de las medidas de presión.
Roca explicó que las organizaciones no solo exigen eliminar la Ley 1720, sino también construir una nueva propuesta consensuada que contemple a pequeños productores, comunidades campesinas y pueblos indígenas, sectores que —según denuncian— fueron excluidos durante el tratamiento de la norma ahora observada.
La preocupación aumentó luego de las declaraciones del senador Fernando Pareja, presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña, quien confirmó públicamente que el bloque legislativo trabajará para evitar la abrogación en la Cámara Alta.
“Vamos a defender que no abroguen la Ley 1720”, afirmó el legislador, dejando en claro que la prioridad de la brigada será sostener la norma pese al rechazo expresado por organizaciones sociales y pueblos indígenas movilizados.
La respuesta desde Santa Cruz no quedó solo en declaraciones. La Brigada Parlamentaria cruceña aprobó un documento respaldado por 43 de los 44 legisladores presentes, donde se declara en emergencia y expresa apoyo total a la Ley 1720. Además, el texto ratifica coordinación con sectores productivos, cívicos y actores regionales para asumir medidas conjuntas en caso de que el Senado avance con la abrogación.
Las organizaciones indígenas consideran que esa postura refleja un distanciamiento de los problemas que atraviesan comunidades rurales y territorios amazónicos afectados por políticas de expansión productiva. Los marchistas cuestionan que se hable de desarrollo económico mientras continúan pendientes demandas históricas relacionadas con seguridad jurídica, titulación de tierras y respeto a derechos colectivos.
Durante el tratamiento legislativo también surgieron voces críticas desde la propia representación cruceña. La diputada Diana Romero fue la única parlamentaria que rechazó el pronunciamiento de respaldo a la Ley 1720 y defendió la necesidad de abrogar la norma.
“Esa ley no fue sociabilizada, se violó el artículo 30 de la Constitución Política del Estado”, sostuvo la legisladora al explicar su posición ante la brigada parlamentaria.
Romero advirtió además que el conflicto actual es consecuencia de decisiones tomadas sin consenso con todos los departamentos y sin consulta suficiente a sectores indígenas y campesinos.
Mientras tanto, en Santa Cruz continúan las reuniones entre autoridades departamentales, dirigentes cívicos y representantes legislativos para mantener la defensa de la ley. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, confirmó coordinación regional junto al Comité pro Santa Cruz y representantes parlamentarios para sostener la vigencia de la normativa.
Desde las movilizaciones indígenas, esas acciones son interpretadas como una presión política orientada a proteger intereses empresariales y productivos antes que resolver las observaciones planteadas por las comunidades movilizadas.
