La indignación se expande entre asegurados de la Caja Nacional de Salud, que denuncian privilegios para cooperativas auríferas mientras hospitales públicos enfrentan carencias, colapso en atención médica y creciente crisis financiera.
El Decreto Supremo 5618 provocó una fuerte reacción social y sindical tras conocerse que la norma elimina años de fiscalizaciones y procesos de cobro relacionados con obligaciones pendientes de cooperativas auríferas ante la Caja Nacional de Salud (CNS). Las observaciones económicas que quedarían anuladas superarían los 95 millones de bolivianos, una cifra que desató cuestionamientos sobre el manejo de recursos destinados a la seguridad social.
La disposición beneficia directamente a las cooperativas FERRECO R.L. y FECOMAN L.P. R.L., sectores vinculados a la actividad aurífera que durante años fueron observados por deudas acumuladas derivadas de aportes y obligaciones con la CNS. La medida fue interpretada por amplios sectores ciudadanos como un “perdonazo” político otorgado a grupos con capacidad de presión sobre el Gobierno.
Las críticas surgieron inmediatamente porque la Caja Nacional de Salud atraviesa una crisis marcada por denuncias constantes de falta de medicamentos, retrasos en cirugías, colapso hospitalario y deficiencias en la atención a los asegurados. Trabajadores y pacientes consideran que el dinero observado debía destinarse al fortalecimiento del sistema de salud y no quedar eliminado mediante un decreto.
“Al trabajador le descuentan cada mes sin contemplaciones, pero a las cooperativas millonarias les borran las deudas”, reclamaron asegurados durante las protestas surgidas después de conocerse el contenido de la norma. Las denuncias sostienen que el Gobierno aplica medidas duras para la población asalariada, mientras sectores económicamente poderosos reciben trato preferencial.
La polémica también alcanzó al rol político del cooperativismo minero dentro de la estructura de apoyo gubernamental. Diversos sectores señalaron que el Decreto 5618 aparece en un momento de alta tensión económica y política, donde el oficialismo busca mantener alianzas estratégicas con organizaciones capaces de movilizar grandes contingentes en defensa de sus intereses.
Para numerosos asegurados, el problema no solo radica en la pérdida económica para la CNS, sino en el mensaje que deja la medida frente al país. Consideran que el decreto consolida una sensación de desigualdad ante la ley, porque mientras pequeños contribuyentes son perseguidos por retrasos mínimos, otros sectores logran eliminar obligaciones acumuladas durante casi una década.
La controversia se agravó debido al crecimiento económico registrado por el sector aurífero en los últimos años. El elevado precio internacional del oro permitió a numerosas cooperativas incrementar sus ingresos de manera significativa. Por ello, distintos sectores sociales consideran injustificable que organizaciones con altos niveles de rentabilidad reciban facilidades extraordinarias mientras hospitales públicos operan bajo presión permanente.
Las observaciones contra el Gobierno también apuntan al impacto que estas decisiones tienen sobre la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Asegurados y trabajadores advierten que la CNS depende precisamente de los aportes laborales y patronales para sostener servicios médicos, infraestructura hospitalaria y compra de medicamentos. En consecuencia, eliminar procesos de cobro millonarios genera preocupación sobre el futuro financiero de la institución.
En diferentes regiones del país continúan acumulándose denuncias de pacientes que esperan semanas para obtener una consulta especializada o deben comprar medicamentos por cuenta propia ante la escasez en farmacias hospitalarias. Frente a esa realidad, el Decreto 5618 terminó convirtiéndose en un nuevo símbolo de malestar social, alimentando las críticas contra una administración estatal acusada de favorecer intereses corporativos mientras la población enfrenta una salud pública cada vez más debilitada.
