La renuncia de las máximas autoridades de Defensa y Educación se produce mientras Bolivia enfrenta bloqueos prolongados, escasez de insumos esenciales y una creciente confrontación entre el Gobierno y sectores movilizados.

La crisis que mantiene paralizado a gran parte del país cobró una nueva factura política dentro del Ejecutivo. Raúl Marcelo Salinas dejó el Ministerio de Defensa y Beatriz García presentó su dimisión al frente del Ministerio de Educación, en medio de una escalada de conflictos sociales que ya supera el mes de duración y que ha puesto bajo fuerte presión al gobierno del presidente Rodrigo Paz.
La salida de ambas autoridades fue confirmada por fuentes oficiales de sus respectivos despachos. Las renuncias se producen en un contexto particularmente complejo para la administración nacional, marcada por bloqueos de carreteras, movilizaciones permanentes, dificultades de abastecimiento y una creciente demanda de sectores sindicales y campesinos que exigen la salida anticipada del mandatario.
Los dos exministros habían sido posesionados el 9 de noviembre como parte del gabinete que acompañó el inicio de la gestión de Paz. Su alejamiento ocurre cuando el Ejecutivo enfrenta uno de los momentos más delicados desde su llegada al poder.
La dimisión de Salinas se registra en una cartera considerada estratégica debido a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la atención de emergencias y al apoyo logístico frente a la crisis que atraviesa el país. Aunque el Gobierno no difundió una explicación oficial sobre las razones de su salida, el relevo ocurre mientras persisten los bloqueos que afectan la circulación en las principales rutas nacionales.
Durante las últimas semanas, la situación de conflictividad obligó a desplegar diversas acciones para intentar garantizar el paso de vehículos con alimentos, combustibles y suministros médicos. Uno de esos operativos fue “Banderas Blancas”, ejecutado por efectivos policiales y militares para habilitar temporalmente la carretera entre La Paz y Oruro. Sin embargo, la medida tuvo un efecto limitado, ya que los puntos de bloqueo fueron reinstalados poco tiempo después.
Tras la renuncia de Salinas, el Gobierno decidió designar a Ernesto Justiniano como nuevo titular de Defensa. La nueva autoridad ejercía funciones como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas y adquirió notoriedad por su participación en operaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Mientras tanto, la salida de Beatriz García representa otro movimiento importante dentro del gabinete. Durante su permanencia en Educación encabezó negociaciones con representantes del magisterio y participó en la construcción de acuerdos destinados a responder a las demandas laborales del sector.
Entre las medidas que marcaron su gestión se encuentra la aprobación de un bono para docentes y personal administrativo del sistema educativo fiscal. El beneficio fue establecido con un monto inicial de 2.400 bolivianos para la gestión 2026 y contempla ajustes anuales de acuerdo con el comportamiento de la inflación.
Hasta el momento no se informó quién reemplazará a García ni se dieron a conocer los motivos oficiales de su alejamiento. No obstante, su salida se suma a una serie de cambios que evidencian movimientos internos dentro del Ejecutivo en medio de la crisis.
Con estas dos dimisiones, ya son tres las bajas registradas en el gabinete durante las últimas semanas. El antecedente más reciente fue la salida del exministro de Trabajo, Edgar Morales, quien dejó el cargo el 21 de mayo tras fuertes cuestionamientos provenientes de organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana y otros sectores sindicales.
La crisis social continúa golpeando especialmente a La Paz y El Alto, donde el cerco instalado por organizaciones movilizadas ha provocado dificultades para el ingreso de productos básicos. Autoridades sanitarias alertaron sobre problemas para garantizar el abastecimiento de oxígeno medicinal, medicamentos e insumos hospitalarios.
La situación también alcanzó a centros de acogida, hogares de asistencia social y mercados, donde se reportaron restricciones en el suministro de alimentos. A ello se suman denuncias sobre pacientes afectados por la imposibilidad de ser trasladados oportunamente a centros médicos debido a los bloqueos.
En paralelo, los esfuerzos para encontrar una salida negociada al conflicto continúan sin resultados. Las convocatorias impulsadas por el Gobierno, así como iniciativas respaldadas por instituciones mediadoras, no lograron reunir a las partes en una mesa de diálogo.
La Central Obrera Boliviana y otros sectores movilizados mantienen sus medidas de presión y ratificaron sus demandas políticas, mientras las protestas continúan expandiendo sus efectos sobre distintas regiones del país.