Las protestas se multiplican en carreteras, ciudades y provincias. Organizaciones vecinales, campesinas y originarias anuncian nuevas medidas mientras aumentan los problemas de abastecimiento en varias regiones del país.

El inicio de junio encuentra a Bolivia atravesando una escalada de conflictos sociales que se refleja en el cierre de carreteras, marchas multitudinarias y cabildos que se desarrollan simultáneamente en distintos departamentos. Según los reportes de transitabilidad, al menos 90 puntos de bloqueo permanecen activos en seis regiones del país, configurando uno de los escenarios de protesta más extensos de los últimos meses.
La situación tiene su mayor impacto en Cochabamba, donde se registran 32 cortes de ruta. La Paz aparece como el segundo departamento más afectado con 19 bloqueos, seguido por Potosí con 16, Oruro con 11, Chuquisaca con nueve y Santa Cruz con tres. El cierre de vías estratégicas ya comenzó a repercutir en la distribución de productos esenciales, generando preocupación entre transportistas, comerciantes y consumidores.
En diferentes ciudades y provincias se reportan dificultades para el traslado de alimentos, combustibles, medicamentos y otros insumos de primera necesidad. A medida que las medidas de presión se extienden, crece la incertidumbre sobre la normal provisión de productos en mercados y centros de abastecimiento.
Uno de los focos de movilización más importantes se concentra en la ciudad de El Alto. La Federación de Juntas Vecinales de El Alto Norte anunció una masiva marcha acompañada por el bloqueo de las denominadas Mil Esquinas. La convocatoria fue definida durante un ampliado de dirigentes vecinales y busca reunir a organizaciones territoriales, juntas escolares, gremiales y representantes de los distintos distritos afiliados.
Los dirigentes justifican la movilización señalando que existe una acumulación de demandas económicas y sociales que no encontraron respuesta efectiva. La protesta también expresa el malestar existente por la situación que atraviesan numerosos hogares frente al incremento del costo de vida y las dificultades económicas que se registran en diferentes sectores.
De manera paralela, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto Sur Distrito 8 confirmó otra movilización de gran magnitud. La convocatoria incluye a gremiales, transportistas y organizaciones sociales que rechazan el encarecimiento de productos básicos, denuncian problemas de abastecimiento de combustibles y cuestionan diversas decisiones adoptadas por el Ejecutivo.
Las movilizaciones no se limitan al área urbana. En varias provincias del departamento de La Paz continúan vigentes bloqueos impulsados por organizaciones campesinas y autoridades originarias. Entre los puntos más sensibles figura la carretera que conecta El Alto con Viacha, donde las bases de la Marka Calacoto mantienen cerrada la vía desde hace varios días.
La tensión también se trasladó a Guaqui, donde autoridades originarias, dirigentes campesinos, transportistas y representantes de organizaciones sociales participaron en un cabildo abierto. Durante la concentración se ratificó la continuidad de las medidas de presión y se expresaron críticas al manejo de la crisis política y económica que enfrenta el país.
En Patacamaya, otro de los centros de movilización más activos, un cabildo determinó prolongar los bloqueos y mantener las protestas durante esta semana. Los participantes resolvieron además no asistir a eventuales convocatorias de diálogo mientras no existan respuestas concretas a las exigencias planteadas por las organizaciones movilizadas.
La protesta adquirió además un alcance nacional tras una reunión virtual en la que participaron federaciones campesinas de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Los representantes coincidieron en asumir una posición conjunta frente al conflicto y exhortaron a otros sectores sociales a respaldar las movilizaciones que se desarrollan en diferentes regiones.
Desde Santa Cruz, dirigentes campesinos anunciaron que las medidas podrían ampliarse en los próximos días. La dirigencia sostuvo que existe un creciente respaldo de bases y organizaciones sociales que consideran insuficientes las respuestas gubernamentales frente a la coyuntura actual.
En el norte de Potosí también se mantiene un clima de alta tensión. Comunarios de la provincia Chayanta realizaron concentraciones y reuniones en las que expresaron su rechazo a la actual conducción política del país. Los dirigentes indicaron que continuarán desarrollando encuentros comunales y cabildos para evaluar nuevas acciones de presión.
Mientras tanto, en Chuquisaca, campesinos de la provincia Oropeza junto a delegaciones provenientes de Chayanta y Saavedra mantienen activo el punto de bloqueo de Guerra Loma. Los movilizados ratificaron que la medida seguirá vigente mientras sus demandas no sean atendidas.
Otra de las zonas donde persiste el conflicto es Ayo Ayo, en la provincia Aroma. Los comunarios confirmaron la continuidad del bloqueo indefinido y manifestaron que la protesta se mantendrá hasta que las autoridades respondan a sus reclamos. Durante las concentraciones, los participantes expresaron su descontento con la situación económica y cuestionaron las políticas implementadas por el Gobierno.
En medio de este escenario, sectores vinculados al movimiento Túpac Katari endurecieron su postura y condicionaron cualquier acercamiento con las autoridades a la liberación de más de diez personas detenidas durante las movilizaciones. Los dirigentes sostienen que no existen condiciones para instalar conversaciones mientras sus afiliados continúen privados de libertad.