La reasignación extraordinaria de fondos estatales para adquirir agentes químicos supera registros de anteriores administraciones y surge después de que la Policía admitiera que no tenía presupuesto previsto para ese fin.

La aprobación de más de 68 millones de bolivianos para la adquisición de agentes químicos destinados a la Policía Boliviana colocó bajo atención pública una de las mayores operaciones presupuestarias vinculadas al equipamiento policial de los últimos años. La medida fue autorizada por el Ministerio de Gobierno mediante la Resolución Ministerial N.º 047/2026, documento que habilita el traslado de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) para financiar la compra durante la presente gestión.
La cifra aprobada alcanza exactamente Bs 68.150.928 y será utilizada exclusivamente para abastecer a las distintas unidades policiales del país con material químico destinado a operaciones de control del orden público. La magnitud de la inversión llamó la atención debido a que supera las adquisiciones conocidas realizadas en administraciones anteriores, incluidas las ejecutadas durante las gestiones de los exministros Arturo Murillo y Eduardo del Castillo.
La documentación oficial establece que la decisión fue adoptada luego de una serie de informes técnicos, financieros y jurídicos que respaldaron la necesidad de efectuar una modificación presupuestaria extraordinaria. Según esos antecedentes, la Policía Boliviana argumentó que el incremento de conflictos sociales registrados en el país generó una demanda superior de estos insumos, provocando la disminución de las existencias disponibles en diferentes reparticiones operativas.
Los informes elaborados por el Departamento Nacional de Armamento y Equipo Policial indican que la institución identificó requerimientos provenientes de direcciones nacionales, direcciones generales y comandos departamentales. Esa evaluación derivó en la solicitud formal de recursos para garantizar el abastecimiento de agentes químicos durante 2026.
Uno de los elementos que destacan dentro del expediente es que la compra no figuraba en la planificación presupuestaria inicial de la Policía Boliviana. La propia institución reconoció esta situación mediante el Informe Técnico PB/DNA/DNF/PPTO N.º 130/2026, remitido al Ministerio de Gobierno por instrucción del Comando General.
El documento señala que, tras la revisión del presupuesto aprobado para la gestión en curso, no existía ninguna partida destinada a la adquisición de agentes químicos. Ante esa ausencia de financiamiento, la Policía solicitó que el requerimiento fuera atendido por el Ministerio de Gobierno, en su condición de cabeza de sector.
La respuesta llegó a través de un procedimiento de modificación presupuestaria que permitió habilitar recursos extraordinarios para cubrir la demanda institucional. El Viceministerio de Régimen Interior y Policía respaldó la solicitud y recomendó gestionar el traspaso de fondos, señalando que era necesario garantizar medios adecuados para las tareas operativas de la fuerza del orden.
Posteriormente, la Unidad Financiera de la Dirección General de Asuntos Administrativos emitió un informe favorable sobre la viabilidad de la operación. El análisis concluyó que el movimiento de recursos podía realizarse conforme a las disposiciones establecidas por la Ley de Administración Presupuestaria y el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias vigente.
La evaluación jurídica siguió el mismo camino. El Informe Jurídico DGAJ-UGJ N.º 095/2026 determinó que el traspaso no vulneraba ninguna disposición legal y se ajustaba a las normas que regulan el manejo de recursos públicos. Con esos antecedentes, el Ministerio de Gobierno procedió a aprobar formalmente la modificación mediante resolución ministerial.
La operación financiera establece que los recursos serán financiados con la fuente 10-111 correspondiente al Tesoro General de la Nación. El dinero será incorporado al programa estatal denominado “Servicios de Seguridad Ciudadana. Monitorear y Prevenir Conflictos”, desde donde se ejecutarán los procesos administrativos para la contratación y provisión de los materiales requeridos.
La resolución también instruye a la Dirección General de Asuntos Administrativos y a la Policía Boliviana coordinar los trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para concretar el registro correspondiente en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP). Ese procedimiento permitirá avanzar hacia la contratación e importación de los agentes químicos.
La base legal utilizada para respaldar la medida incluye una amplia lista de normas nacionales. Entre ellas figuran la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, la Ley de Administración y Control Gubernamentales, la Ley de Administración Presupuestaria, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.
Dentro de los argumentos expuestos por el Gobierno se destaca que la Policía Boliviana tiene la responsabilidad constitucional de preservar la seguridad ciudadana y el orden público. Asimismo, se recuerda que el Estado tiene la obligación de proporcionar a sus efectivos los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
La resolución también cita el Decreto Supremo N.º 2175, que establece que la Policía Boliviana es la única institución estatal facultada para la adquisición, registro, tenencia y uso de materiales de empleo policial, incluyendo armamento, municiones y otros equipos especializados.
La difusión de la millonaria asignación generó reacciones políticas. El diputado de Alianza Unidad, Álvaro Cazasola, sostuvo que corresponde a las autoridades explicar los criterios utilizados para destinar semejante cantidad de recursos a la compra de agentes químicos.
“Hay que consultarle al ministro de Economía, o a quien haya hecho ese destino”, declaró el legislador al referirse a la operación presupuestaria.
No obstante, el parlamentario consideró que la situación actual del país exige medidas orientadas a recuperar la normalidad frente a los bloqueos y problemas de abastecimiento que afectan a distintas regiones.
“El pueblo alteño vive una inseguridad ciudadana, el pueblo paceño vive una inseguridad ciudadana”, afirmó.
Cazasola también expresó su respaldo a la provisión de equipamiento para las fuerzas de seguridad y pidió acciones para restablecer la circulación en las carreteras y garantizar el abastecimiento de alimentos.
“Creo que el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Gobierno tienen que poner orden al país. Que saquen a la Policía, que saquen al Ejército, que pongan orden”, manifestó.
Mientras continúan las gestiones administrativas para ejecutar la compra, la Resolución Ministerial N.º 047/2026 deja establecido que la adquisición responde a una solicitud formulada por la propia Policía Boliviana y respaldada por informes técnicos, financieros y legales emitidos entre enero y marzo de este año.