La multitud reunida en La Ceja respaldó una agenda de movilización permanente, rechazó cualquier acercamiento con el Gobierno y demandó la liberación de dirigentes y ciudadanos detenidos durante las protestas.

Las organizaciones vecinales y sociales reunidas en cabildo en la ciudad de El Alto ratificaron este martes su principal determinación política: exigir la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz Pereira. La decisión fue asumida al término de una concentración que congregó a dirigentes sindicales, representantes vecinales y sectores movilizados que, desde hace varias semanas, mantienen protestas en distintas regiones del país.
El encuentro se desarrolló en el sector de La Ceja y concluyó con la aprobación de una resolución que declara estado de emergencia movilizada permanente, además de rechazar cualquier convocatoria al diálogo mientras no se atiendan las demandas planteadas por las bases.
La lectura de las conclusiones estuvo a cargo del presidente departamental de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Justino Apaza, quien afirmó que las organizaciones participantes decidieron fortalecer la coordinación entre sectores para sostener las medidas de presión.
Entre las resoluciones aprobadas figura la exigencia de libertad para las personas detenidas durante los conflictos sociales y el pedido de que cesen las acciones consideradas por los movilizados como mecanismos de persecución contra dirigentes sindicales, vecinales y ciudadanos que participan en las protestas.
El documento también incorpora demandas vinculadas a la situación económica del país. Los asistentes reclamaron soluciones inmediatas a los problemas de abastecimiento de combustibles y solicitaron acciones orientadas a contener el incremento de precios en productos esenciales para las familias bolivianas.
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la participación pública del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quien reapareció en el escenario político tras semanas marcadas por denuncias de procesos judiciales y órdenes de aprehensión contra dirigentes vinculados a las movilizaciones.
Ante miles de asistentes, Argollo sostuvo que la organización sindical mantendrá su respaldo a las determinaciones asumidas por las bases. “No pueden abandonar a su dirigencia y su dirigencia no puede abandonar a sus bases. Desde la Central Obrera Boliviana no vamos a abandonar a nuestro pueblo”, manifestó durante su intervención.
El dirigente aseguró que existe una campaña destinada a desacreditar y judicializar las protestas sociales. “Han tratado de criminalizar la protesta. Había sido delito ser portavoz de las bases”, afirmó, provocando la reacción de respaldo de los asistentes.
Asimismo, cuestionó la gestión gubernamental respecto al abastecimiento de combustibles y denunció que dirigentes sociales enfrentan procesos judiciales mientras, según señaló, otros problemas denunciados por las organizaciones permanecen sin solución.
Argollo también reafirmó su compromiso con el pacto alcanzado entre organizaciones sociales y aseguró que cualquier decisión relacionada con eventuales acercamientos al Gobierno será definida por las bases movilizadas.
“Si el pueblo decide diálogo, habrá diálogo; si el pueblo decide continuar movilizado, seguiremos junto a nuestro pueblo”, declaró.
Durante el cabildo también participaron representantes de organizaciones nacionales que expresaron respaldo a las medidas adoptadas en El Alto. René Soliz, secretario de Organización de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, llamó a mantener la movilización y sostuvo que los sectores sociales deben preservar la unidad frente al conflicto político que atraviesa el país.
Por su parte, Dieter Mendoza, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, afirmó que la demanda de renuncia presidencial fue debatida previamente en ampliados orgánicos y sostuvo que una eventual sucesión constitucional debería desembocar en una convocatoria a elecciones generales en un plazo de 90 días.
El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Feliciano Vegamonte, respaldó igualmente la continuidad de las movilizaciones y convocó a una mayor participación de distintos sectores sociales.
“Vamos a seguir convocando a la masificación; esta lucha es en beneficio de todos los sectores”, expresó el dirigente, quien además cuestionó las acusaciones sobre un supuesto financiamiento de las protestas y denunció el uso de recursos públicos para acciones represivas.
Las cinco resoluciones aprobadas por el cabildo establecen la liberación de detenidos, el cese de acciones contra dirigentes y movilizados, medidas urgentes para garantizar combustibles y estabilidad de precios, la declaratoria de emergencia permanente y la exigencia de renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Al concluir el encuentro, Justino Apaza reiteró el respaldo de las juntas vecinales a Mario Argollo y a los sectores movilizados. “Hermano Mario, no estás solo, las organizaciones sociales y las juntas vecinales te damos nuestro respaldo”, afirmó.