Autoridades, legisladores y representantes benianos cuestionan la imputación contra cuatro vocales constitucionales tras fallos relacionados con límites y territorio departamental.
La imputación penal contra cuatro vocales constitucionales del Tribunal Departamental de Justicia del Beni abrió una nueva controversia institucional alrededor del caso Piso Firme, después de que resoluciones emitidas dentro de acciones constitucionales terminaran derivando en procesos por el supuesto delito de prevaricato.
Los vocales Marco Antonio Justiniano Mejía, Charles Fernando Mejía Cardozo, Patricia Quinteros Solares y Haider Echalar fueron denunciados luego de emitir fallos relacionados con la situación territorial y electoral de Piso Firme, una comunidad cuya pertenencia es defendida por el Beni y reclamada también por Santa Cruz.
La defensa de los magistrados sostiene que las decisiones fueron adoptadas dentro de las competencias establecidas por la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, mientras autoridades benianas expresaron preocupación por el impacto que este proceso puede tener sobre la independencia judicial.
LOS VOCALES RECHAZAN QUE SUS FALLOS SEAN CONSIDERADOS UN DELITO
El vocal Charles Mejía explicó que el origen del proceso se encuentra en una Acción Popular presentada durante la gestión del exgobernador del Beni Alejandro Unzueta, luego de una sesión realizada por la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz en Piso Firme.
Según su explicación, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni analizó la demanda y emitió una resolución que exhortaba al Viceministerio de Autonomías a realizar las acciones correspondientes sobre la delimitación entre ambos departamentos.
“Nosotros como tribunal de garantía conocemos dicha acción popular y concedemos la tutela en la medida de que se exhortaba al Ministerio de Autonomías a realizar el trazo limítrofe entre el Beni y Santa Cruz respetando la ley de 1914”, señaló Mejía.
La resolución también estableció que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz debía evitar realizar sesiones en territorio beniano sin una invitación formal de las autoridades correspondientes.
El fallo fue enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión, como establece el procedimiento constitucional. Posteriormente, el TCP emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 0861/2025-S3, mediante la cual revocó la resolución emitida por la Sala Constitucional Primera.
Sin embargo, los vocales procesados sostienen que la sentencia constitucional no determinó responsabilidad contra ellos ni ordenó la remisión de antecedentes al Ministerio Público.
“No existe una determinación donde el Tribunal Constitucional haya dicho que cometimos prevaricato, que actuamos con dolo o que nuestra actuación debía ser investigada penalmente”, afirmó Mejía.
La defensa argumenta que la revisión constitucional forma parte del funcionamiento normal del sistema judicial y que una decisión revocada no significa automáticamente la comisión de un delito.
Marco Justiniano también cuestionó la acusación y afirmó que la imputación fiscal no demostraría de qué manera se habría cometido el delito atribuido.
“La imputación no establece cómo hubiéramos cometido prevaricato. No existe una resolución manifiestamente contraria a la ley ni una actuación fuera de nuestras atribuciones”, sostuvo.
Los vocales consideran que convertir una diferencia de criterios jurídicos en un proceso penal puede afectar el trabajo de jueces y tribunales que deben resolver casos complejos.
AUTORIDADES BENIANAS RESPALDAN LA DEFENSA DE PISO FIRME
El proceso generó pronunciamientos de autoridades del departamento del Beni, quienes vincularon la situación judicial con la defensa territorial de Piso Firme.
El gobernador Jesús Egüez Rivero afirmó que la posición institucional del departamento mantiene que la comunidad pertenece al territorio beniano.
“Nosotros como benianos sabemos y entendemos que nunca ha habido discusión, nunca ha habido dudas, que Piso Firme es beniano y será siempre beniano. Piso Firme pertenece al municipio de Baures”, declaró.
La autoridad departamental pidió que la justicia actúe respetando la normativa y sin presiones externas.
“La ley está clara y lo único que puedo pedir a la justicia es que actúe con legalidad, con imparcialidad, volviendo a ganarse la confianza del pueblo boliviano”, manifestó.
La Asamblea Legislativa Departamental del Beni también emitió un pronunciamiento en respaldo a los vocales constitucionales. Los legisladores expresaron preocupación por la imputación y señalaron que las controversias territoriales deben resolverse dentro del marco constitucional.
Desde esa instancia remarcaron que profesionales y equipos jurídicos del departamento participaron en la defensa de la posición beniana con argumentos históricos, técnicos y legales.
La concejal municipal de Trinidad Prisila Dantes cuestionó el proceso y afirmó que las autoridades judiciales están siendo sometidas a una situación que genera preocupación regional.
“Cuando nuestros vocales defendieron y dieron la tutela al departamento del Beni, hoy están siendo perseguidos”, expresó.
Dantes recordó documentos que, según su posición, respaldan los derechos territoriales del Beni, entre ellos la Ley del 28 de noviembre de 1914, informes técnicos del Instituto Geográfico Militar y antecedentes de trabajos realizados entre instituciones departamentales.
CUESTIONAMIENTOS A LA JUSTICIA EN UN CONFLICTO TERRITORIAL
Las críticas también alcanzaron al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, debido a declaraciones públicas atribuidas a esa autoridad sobre la pertenencia de Piso Firme.
Sectores benianos señalaron que las posiciones expresadas por autoridades judiciales generan preocupación porque consideran que el caso involucra un asunto territorial que todavía produce tensión entre departamentos.
El concejal de Trinidad Arnoldo Méndez afirmó que el proceso contra los vocales debe analizarse más allá de los nombres de los involucrados.
“Este caso trasciende a las personas involucradas y se convierte en un asunto de interés departamental, porque está relacionado con la independencia judicial y la defensa de los derechos históricos del Beni”, manifestó.
Méndez pidió que se respete la presunción de inocencia y que ninguna autoridad judicial sea presionada por decisiones tomadas dentro de sus funciones.
El senador Erick Nelson Soruco también expresó rechazo a las imputaciones contra los vocales y señaló que las decisiones judiciales no deberían convertirse en motivo de persecución.
Los cuestionamientos apuntan además a que los procesos penales se originaron después de fallos que tuvieron impacto en una disputa territorial de larga data.
EL CASO CONTINÚA EN INSTANCIAS JUDICIALES
La Fiscalía del Beni solicitó medidas cautelares contra los vocales procesados, mientras la defensa presentó observaciones a la imputación formal y anunció que recurrirá a las vías legales correspondientes.
Uno de los principales argumentos de los abogados de los vocales es que el delito de prevaricato requiere demostrar una actuación contraria a la ley y una intención deliberada de vulnerarla.
Los magistrados insisten en que sus resoluciones fueron emitidas dentro del marco constitucional y que el Tribunal Constitucional tuvo la posibilidad de revisar esas decisiones mediante los mecanismos establecidos.
El conflicto por Piso Firme continúa abierto en distintas instancias mientras las autoridades departamentales mantienen posiciones encontradas sobre la interpretación de antecedentes legales, históricos y territoriales.
Mientras avanzan las acciones judiciales, las instituciones benianas reclaman que el proceso sea llevado con respeto al debido proceso y que las diferencias sobre el territorio no terminen afectando la independencia de quienes administran justicia.
