En medio de consultas judiciales y aclaraciones institucionales, la autoridad del Tribunal Departamental de Justicia precisó el alcance real de las decisiones adoptadas sobre las órdenes de aprehensión en curso, descartando su anulación definitiva.

La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Margot Pérez, aclaró que las disposiciones vinculadas a Mario Argollo y Vicente Salazar no implican la eliminación de los mandamientos de aprehensión emitidos dentro del proceso penal que los involucra. Según explicó, la decisión judicial se limita a observaciones técnicas detectadas en la tramitación fiscal, las cuales deben ser corregidas por el Ministerio Público para garantizar la validez plena de las actuaciones.
La autoridad subrayó que el procedimiento no se encuentra cerrado ni interrumpido de manera definitiva. Por el contrario, indicó que la Fiscalía mantiene la facultad de adecuar su actuación a las observaciones señaladas, lo que permitiría sostener la vigencia de las medidas coercitivas dentro del marco legal correspondiente.
En su explicación, Pérez remarcó que la expresión “no es una suspensión definitiva” responde a la necesidad de precisar el alcance jurídico de la resolución, evitando interpretaciones que sugieran la pérdida total de efectos de las órdenes emitidas. En ese sentido, insistió en que la continuidad del proceso depende de la subsanación de los aspectos procesales observados.
El Tribunal Departamental de Justicia precisó que las medidas adoptadas no alteran la existencia del caso ni su desarrollo dentro de las instancias competentes. Las órdenes de aprehensión permanecen sujetas a revisión formal mientras el Ministerio Público ajusta los elementos requeridos para su plena validez.
Asimismo, se destacó que la actuación judicial se enmarca en la verificación del cumplimiento de garantías procesales, sin introducir modificaciones sustanciales al fondo del caso. Las diligencias continúan bajo control institucional, en espera de la corrección de los aspectos señalados por la autoridad jurisdiccional paceña.