La propuesta de Rodrigo Paz para modificar parcialmente la Constitución generó rechazo en organizaciones sociales y sectores afines a Evo Morales, que alertan riesgos sobre recursos naturales y derechos conquistados.

La intención del presidente Rodrigo Paz de impulsar cambios parciales a la Constitución Política del Estado volvió a encender la preocupación en sectores sociales y organizaciones populares que ven en la propuesta un posible retroceso sobre derechos económicos y control estatal de los recursos naturales.
Durante el Encuentro Nacional realizado en Cochabamba, el mandatario presentó una comisión abierta para debatir reformas constitucionales y anunció un conjunto de leyes relacionadas con inversiones, minería, electricidad, autonomías y reducción de trámites administrativos. Desde el Gobierno se argumentó que las medidas permitirán agilizar la economía y dar mayor capacidad de gestión a gobernaciones y alcaldías.
Sin embargo, las reacciones no tardaron en aparecer. El expresidente Evo Morales rechazó públicamente la iniciativa y sostuvo que la actual Constitución representa una conquista histórica aprobada mediante voto popular, algo que —recordó— no había ocurrido en casi dos siglos de vida republicana.
“Esa Constitución, la única Constitución aprobada con el voto del pueblo en 200 años, tiene que ser respetada y vamos a hacer respetar”, afirmó Morales en un ampliado de “Evo Pueblo”, donde pidió a sus seguidores mantenerse movilizados frente a cualquier intento de modificar artículos vinculados al control estatal y la soberanía sobre los recursos naturales.
El exmandatario aseguró que detrás de las nuevas propuestas existe presión para flexibilizar normas que actualmente limitan la participación de empresas transnacionales en áreas estratégicas. “Por Constitución las transnacionales no pueden estar en la parte extractiva de los recursos naturales”, sostuvo, al advertir que varias normas impulsadas por el Ejecutivo contradicen principios establecidos en la Carta Magna.
Las observaciones se centran especialmente en las leyes anunciadas sobre minería, inversiones y electricidad. Sectores sociales consideran que abrir mayores facilidades al capital privado podría terminar debilitando la participación del Estado en actividades consideradas estratégicas para la economía nacional.
En su discurso, Paz insistió en que su propuesta no pretende eliminar el Estado Plurinacional ni afectar los derechos establecidos en la Constitución. Señaló que el objetivo es permitir que las regiones administren con mayor libertad sus proyectos económicos y recursos públicos. “Cada gobernador y alcalde debe tener autonomía para impulsar proyectos locales”, declaró.
Aun así, organizaciones vinculadas al movimiento campesino y sectores populares mantienen desconfianza frente a cualquier modificación constitucional. Recuerdan que la actual Carta Magna fue aprobada en referéndum y que incluye principios relacionados con nacionalización, redistribución de ingresos y protección de recursos naturales.
Morales también defendió los programas sociales creados durante su gestión y afirmó que éstos se encuentran respaldados por la Constitución vigente. Según indicó, cambiar la estructura constitucional podría abrir el camino para alterar políticas sociales y económicas que beneficiaron a sectores históricamente excluidos.